Tren Maya / Internet
Por Rebeca Solano
A poco más de medio año de haber iniciado operaciones, el Tren Maya se ha consolidado como el proyecto ferroviario más costoso y deficitario del país. De acuerdo con una revisión de sus estados financieros realizada por El Financiero, el tren controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perdió 2 mil 561 millones de pesos durante 2024, sin contar los millonarios subsidios que ha recibido del erario.
En su primer año de funcionamiento, el Tren Maya ha necesitado 25 veces más recursos de los que ha generado, lo que pone en duda su viabilidad como infraestructura autosustentable. Mientras sus ingresos por la venta de boletos y souvenirs sumaron apenas 275 millones de pesos, sus gastos de operación ascendieron a 2 mil 837 millones, con lo que apenas logró cubrir el 9.6% de sus necesidades financieras.
Los recursos transferidos desde el presupuesto federal solo en el primer trimestre de 2025 superaron los 3 mil 400 millones de pesos, mientras que los ingresos por pasajeros fueron de 137 millones. Según cifras del director general de la empresa Tren Maya S.A. de C.V., David Águila, hasta mayo se habían transportado 1.2 millones de viajeros, pero apenas 6% eran turistas extranjeros, uno de los sectores clave que se esperaba capitalizar.
El rubro de gasto más elevado se concentra en mantenimiento, capacitación de maquinistas, servicios básicos y costos de instalación. A ello se suma el rezago en el segmento de carga, que aún no entra en operaciones y cuya puesta en marcha se espera hasta dentro de dos años, según informes oficiales.
El Tren Maya, junto con el AIFA y Mexicana de Aviación —también operados por la Sedena—, representa una de las tres principales paraestatales del gobierno federal que acumularon pérdidas combinadas por más de 5 mil 612 millones de pesos. Pese a ello, el gobierno insiste en mantener estos proyectos bajo control militar, con subsidios continuos y sin transparencia plena sobre sus perspectivas financieras a largo plazo.
La narrativa del “rescate al sureste” choca cada vez más con la realidad económica del megaproyecto: uno que, lejos de ser rentable o sustentable, parece haberse convertido en un agujero fiscal que dependerá del presupuesto público durante años.
