Susan / Vídeo
Por Rebeca Solano
- Denuncia impunidad y protección a agresores ligados a políticos
“Confiar en alguien no me hace responsable”. Con esta frase, Susan, una joven víctima de violación grupal en Campeche, decidió hacer público su caso luego de que la Fiscalía estatal no avanzara en la investigación. A través de un video en TikTok, denunció la agresión sexual cometida por tres hombres —uno de ellos, su supuesto amigo—, y expuso la falta de acción de las autoridades, lo que generó presión social para que el caso se visibilizara.
Sin embargo, al alzar la voz, Susan también fue revictimizada. La exposición en redes sociales derivó en amenazas, señalamientos y ataques en su contra, mientras la Fiscalía, lejos de protegerla, habría notificado a sus agresores sobre la denuncia, permitiendo que dos de ellos escaparan. Solo uno ha sido detenido hasta ahora.
De acuerdo con el testimonio de la joven, los responsables estarían vinculados a figuras políticas del estado, lo que explicaría el trato privilegiado y el encubrimiento institucional que ha enfrentado el caso. La madre de la víctima, Liz Rodríguez, se ha convertido en su principal sostén durante el proceso judicial. Ambas exigen justicia al fiscal estatal Jackson Villacis Rosado, señalando que no se trató de una imprudencia ni de una “salida nocturna irresponsable”.
“Yo no salí sola con tres hombres… no salí con desconocidos”, afirmó Susan, subrayando la traición de confianza que vivió y la necesidad de un sistema de justicia que deje de culpabilizar a las víctimas.
Tras su denuncia pública, otras jóvenes también han señalado a los mismos agresores, conocidos ya como “La Manada de Campeche”, por patrones de violencia similares. Pese a esto, no se han liberado nuevas órdenes de aprehensión, y las autoridades no han dado información clara sobre los avances del caso.
Organizaciones feministas, activistas y colectivos de derechos humanos han comenzado a respaldar a Susan y exigir a la Fiscalía que garantice su protección, cese la revictimización y persiga con firmeza a todos los responsables.
El caso ha vuelto a evidenciar las omisiones sistemáticas del aparato de justicia frente a las víctimas de violencia sexual, así como la necesidad de una reforma profunda en la forma en que se investigan y sancionan estos crímenes, especialmente cuando hay intereses políticos de por medio.
