Diversas organizaciones de la sociedad civil/ Internet
Por Rebeca Solano
Exigen intervención de la Corte
Diversas organizaciones de la sociedad civil acusaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de retener de manera indebida un expediente judicial que impugna los resultados de la elección extraordinaria de magistradas y magistrados de ese mismo órgano, pese a que la única autoridad competente para resolverlo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con un comunicado conjunto difundido este jueves, el expediente fue presentado el 19 de junio de 2025 ante el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de un juicio de inconformidad contra los acuerdos INE/CG567/2025 e INE/CG568/2025, mediante los cuales se confirmó la integración de la nueva Sala Superior del TEPJF.
El juicio fue promovido en apego a los artículos 50 y 53 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), que obligan al INE a remitir directamente dicho expediente a la SCJN, al tratarse de una controversia que involucra la constitucionalidad de los nombramientos. Sin embargo, el INE lo turnó sin justificación al propio TEPJF, donde fue asignado a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
“Esto contraviene lo dispuesto por la Constitución y la LGSMIME, que señalan que los resultados de la elección de integrantes de la Sala Superior solo pueden ser revisados por la SCJN”, denunciaron.
A más de nueve días de haber recibido el expediente, la Sala Superior del TEPJF no lo ha remitido a la Corte, acción que —según las organizaciones firmantes— viola el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.
En el documento, las organizaciones exigen que el TEPJF remita de forma inmediata el expediente a la SCJN, como única instancia facultada para revisar la legalidad del procedimiento de integración del máximo órgano electoral.
“La dilación injustificada vulnera el marco normativo electoral y atenta contra la integridad del sistema democrático”, afirmaron.
Asimismo, calificaron el caso como una muestra del deterioro institucional que ha marcado la actual integración de la Sala Superior del TEPJF, señalando un patrón de cierre progresivo del acceso a la justicia electoral, debilitamiento de garantías jurisdiccionales y desprotección de los derechos colectivos ciudadanos.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Proyecto Justicia Común, Poder Ciudadano, Laboratorio Electoral, y la iniciativa Práctica: Laboratorio para la Democracia, además del abogado Rodrigo Escobar Garduño.
