Vídeo
Por Rebeca Solano
Crimen, impunidad, cinismo político y desplome institucional
Mientras Claudia Sheinbaum presume avances en seguridad y reducción del tráfico de fentanilo, el país arde en una mezcla de escándalos, violencia y descomposición institucional. La presidenta salió a blindar a Adán Augusto López, asegurando que no hay carpeta en su contra, aunque su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena —hoy prófugo con vínculos con “La Barredora”—, fue nombrado por él y operaba como pieza clave en una red criminal con cobertura política.
La lista de detenciones habla por sí sola: el sobrino de Bermúdez detenido en Paraguay por apuestas ilegales; “El Mamado”, jefe de escoltas y ex-Zeta, capturado en Jalisco; y una orden de aprehensión contra Bermúdez desde febrero. Además, crecen las denuncias sobre el rol de la hermana de Adán Augusto, Rosalinda López Hernández, en una red de empresas fantasma al servicio del crimen.
La estrategia oficial parece ser la negación. Pero el PAN ya presentó una denuncia formal contra el exgobernador tabasqueño, apuntando a un “anillo de protección” que combinaba huachicol, impunidad y estructura política. Sin embargo, Morena guarda silencio… o borra fotos incómodas de redes sociales.
En paralelo, el asesinato de Irma Hernández Cruz —una maestra jubilada y taxista secuestrada en Álamo, Veracruz, obligada a grabar un video antes de ser ejecutada— exhibe la impunidad que sigue mandando en muchas regiones del país.
Y mientras eso ocurre, en las alturas del poder algunos se van de shopping por Europa: diputadas, funcionarias y alcaldes morenistas vacacionan en modo influencer, olvidando su discurso de “austeridad republicana”.
En el plano judicial, el TEPJF revoca la expulsión de Enrique Ochoa Reza del PRI, y en el INE se acumulan renuncias entre sus altos funcionarios. ¿La razón? Presiones políticas, procesos extenuantes y lo que internamente llaman “trato despectivo” desde el Consejo General. Todo esto mientras la reforma judicial avanza, asustando a inversionistas y empujando a empresas como Iberdrola a abandonar el país por “falta de certeza jurídica”.
En resumen: el crimen organizado gana terreno, el poder político se lava las manos, el aparato institucional cruje… y los ciudadanos siguen pagando el precio.
