Blindarán pensiones ante embargos
Por Rebeca Solano
La llamada Ley Myrna, conocida formalmente como iniciativa de “Protección al Patrimonio Social”, busca que los recursos provenientes de programas sociales sean intocables e inembargables por parte de instituciones bancarias o despachos de cobranza.
La propuesta surge tras el caso de Myrna, una mujer de 67 años, cuya pensión fue bloqueada y utilizada para cubrir un crédito bancario, dejándola sin recursos para solventar alimentación y tratamientos médicos. La afectada padece diabetes y síndrome mielodisplásico, por lo que perdió su único ingreso destinado a cubrir necesidades básicas.
Ante lo que fue considerado un abuso financiero, la organización El Barzón documentó el caso y se alió con el Partido del Trabajo (PT) para impulsar una reforma que evite que situaciones similares vuelvan a repetirse.
¿Qué propone la reforma?
La iniciativa adiciona disposiciones al Código Civil Federal, al Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de prohibir que bancos congelen cuentas que contengan recursos de carácter social para cubrir deudas civiles o mercantiles.
El planteamiento establece que estos apoyos, al ser de naturaleza alimentaria, serán intransferibles e irrenunciables. La única excepción contemplada es que un juez podrá ordenar la retención de fondos en casos de pensión alimenticia.
Programas que serían protegidos
La reforma blindaría recursos provenientes de programas como:
- Pensión para el Bienestar
- Becas Benito Juárez
La iniciativa es impulsada por el diputado federal Adrián González Naveda (PT) y actualmente se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados, donde será analizada antes de su posible votación en el pleno.
De ser aprobada, la ley entraría en vigor 60 días después de su publicación, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contaría con 120 días adicionales para emitir la regulación técnica que obligue a los bancos a proteger automáticamente estos fondos.
La propuesta abre el debate sobre la protección del patrimonio social frente a prácticas de cobranza bancaria, especialmente en sectores vulnerables como adultos mayores y beneficiarios de programas públicos.
