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Por Rebeca Solano
Organizaciones de la sociedad civil urgieron al gobierno de Claudia Sheinbaum a cumplir de forma inmediata las 90 recomendaciones emitidas por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), tras la reciente evaluación internacional que advierte sobre la persistencia y agravamiento de la violencia estructural contra niñas, adolescentes y mujeres en México.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) denunciaron que el Estado mexicano mantiene una respuesta ineficaz y desigual frente a las múltiples formas de violencia de género, desde la violencia sexual hasta el feminicidio, muchas veces perpetradas por agentes del Estado o toleradas por autoridades.
Durante la Décima Revisión Periódica realizada en Ginebra, el Comité de la CEDAW documentó el aumento de casos de desaparición, tortura, violación sexual y asesinatos de mujeres, incluyendo el uso sistemático de armas de fuego, tanto por crimen organizado como por cuerpos policiales.
El organismo internacional también alertó sobre la creciente vulnerabilidad de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, víctimas de ataques, amenazas, desapariciones e incluso asesinatos, en contextos donde las autoridades no sólo no garantizan protección, sino que en ocasiones participan directamente en las agresiones.
Entre las recomendaciones clave se encuentran:
Fortalecer los refugios y mecanismos de protección para mujeres en riesgo.
Garantizar justicia para víctimas de violencia sexual y feminicidio, sancionando a los funcionarios que incumplan protocolos.
Avanzar en el acceso legal, seguro y gratuito al aborto, sin criminalización ni barreras discriminatorias.
Implementar protocolos homogéneos con enfoque de género en todo el país y mejorar la capacitación de operadores de justicia.
Las organizaciones exigieron la creación urgente de una Comisión de Seguimiento independiente, integrada por sociedad civil, academia y organismos internacionales, con la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de las recomendaciones, emitir reportes semestrales públicos, y garantizar la participación de víctimas en el diseño de políticas.
“El gobierno no puede seguir maquillando cifras ni simulando acciones. La violencia contra las mujeres es estructural, generalizada y en muchos casos, institucionalizada”, señalaron las organizaciones en un pronunciamiento conjunto.
Hasta ahora, el gobierno federal no ha emitido una respuesta oficial detallada sobre el informe de la CEDAW ni sobre los mecanismos que adoptará para cumplir con las observaciones del organismo internacional.
