Marcha/ Internet
Por Rebeca Solano
Diversas organizaciones de la sociedad civil se congregaron este domingo en el Ángel de la Independencia para exigir la anulación de la primera elección al Poder Judicial, al considerar que el proceso estuvo plagado de irregularidades, entre ellas, el uso de acordeones durante los exámenes, inequidad en la contienda y una abierta intervención del gobierno federal.
El acto fue encabezado por integrantes de Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap), cuyo vocero, Rolando Solís, aseguró que ya se presentaron nueve impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismas que fueron promovidas por cinco organizaciones civiles.
“Lo que buscamos es que el Obradorato deje libre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial y que esta farsa sea abrogada”, declaró Solís. Advirtió que, si el TEPJF no invalida el proceso, llevarán las protestas a puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como frente a las Cámaras de Diputados y Senadores.
“Elección a modo”
Las impugnaciones denuncian que durante el proceso hubo entrega masiva de acordeones, manipulación de resultados y selección de candidatos afines a Morena y a operadores del Ejecutivo federal, lo cual, afirman, compromete la independencia judicial.
Por su parte, Juana Fuentes, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), afirmó que la batalla legal continuará en instancias internacionales. Según explicó, ya están buscando medidas cautelares fuera del país.
“Lo que augura este proceso es un sistema judicial totalmente parcial, totalmente a modo de las decisiones que implican no solo la vida del ciudadano de a pie, sino también los intereses de las grandes asociaciones judiciales del país”, sostuvo Fuentes.
Un sistema judicial bajo sospecha
Las denuncias sobre el uso de “acordeones” —resúmenes ilegales utilizados durante los exámenes— y la circulación de materiales anticipados en grupos de mensajería han sido documentadas desde días previos a la elección. Estas prácticas ponen en duda la validez del proceso y la preparación de algunos de los perfiles seleccionados.
Los colectivos civiles han señalado también la participación activa de operadores políticos del gobierno y de personajes ligados al oficialismo en la estructuración del padrón de aspirantes y en la definición de los resultados finales.
La presión aumenta sobre el TEPJF, que en los próximos días deberá resolver si existen elementos suficientes para declarar la nulidad del proceso. Mientras tanto, las organizaciones convocan a una nueva marcha nacional y aseguran que no cesarán en su exigencia de una elección judicial verdaderamente autónoma y sin injerencias del poder político.
