Senado
Por Rebeca Solano
Fuentes del Gobierno Federal y el diario El País han revelado que la polémica reforma a la Ley de Amparo, aprobada de última hora por el Senado y posteriormente descalificada por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluía originalmente una retroactividad mucho más amplia de lo que finalmente quedó en el dictamen.
Según el medio, la intención inicial era que todos los juicios de amparo en curso se reiniciaran conforme a los nuevos lineamientos de la reforma, lo que implicaría revocar etapas procesales ya concluidas. Esto, de aprobarse, habría llevado la retroactividad más allá de lo establecido por la Constitución.
Fuentes cercanas indican que la nueva Suprema Corte, con Hugo Aguilar a la cabeza, impulsó esta medida. Esto provocó un fuerte debate político y jurídico, con críticas de la sociedad civil, juristas y oposición, quienes calificaron la reforma como una restricción grave a los derechos ciudadanos.
En el debate legislativo, el senador morenista Manuel Huerta introdujo una reserva que reinsertó una cláusula polémica al dictamen, aprobada pese a la ausencia del senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia. El artículo cuestionado establece:
“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”.
Críticos señalan que esta redacción contradice el artículo 14 constitucional, que prohíbe la retroactividad en perjuicio de la persona juzgada. Juristas como Melissa Ayala y Javier Martín Reyes advierten que el cambio afectaría derechos adquiridos y alteraría procedimientos ya concluidos.
El Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica a cargo de Ernestina Godoy, defiende que la reforma no es retroactiva, pues solo aplicaría los nuevos criterios a etapas procesales no concluidas. Sin embargo, especialistas y parte de la oposición consideran que la redacción deja margen a interpretaciones contrarias a la Constitución.
Este episodio revela pugnas internas dentro del oficialismo, donde participan la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal, el SAT, la UIF y legisladores de Morena. Entre las propuestas discutidas estaba la eliminación de suspensiones de amparo contra bloqueos de cuentas o proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, lo que generó fuertes críticas de organismos y juristas.
El caso ha provocado que la presidenta Claudia Sheinbaum emita un mensaje para revisar el articulado en la Cámara de Diputados, medida respaldada por el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien afirmó:
“Si la redacción viniera así, como quedó, sí es violatorio [de la Constitución]”.
Este nuevo giro mantiene viva la controversia sobre la reforma a la Ley de Amparo, considerada por críticos como un intento de restringir un instrumento clave para la defensa de derechos frente al Estado.
