Tres bancos señalados por EE. UU / Vídeo
Por Rebeca Solano
Una nueva sacudida en el ámbito financiero y político reaviva las dudas sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras económicas y gubernamentales de México. Tres instituciones financieras mexicanas —acusadas por autoridades de Estados Unidos de facilitar operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa— resultan ser, además, las mismas que obtuvieron mayores ganancias durante la pandemia, con utilidades acumuladas superiores a los 14 mil millones de pesos.
Entre los señalados destaca Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con investigaciones estadounidenses, la firma habría facilitado transferencias entre empresas chinas y operadores del Cártel de Sinaloa entre 2018 y 2023, con el fin de adquirir precursores químicos utilizados en la elaboración de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Otro de los involucrados es Sí Banco, una institución de menor perfil público pero que actualmente administra buena parte de los fideicomisos del gobierno federal. El vínculo entre esta institución y los recursos públicos ha levantado sospechas sobre el blindaje institucional del que ha gozado, a pesar de los señalamientos internacionales.
Ambas instituciones han sido mencionadas en informes de agencias estadounidenses como el Departamento del Tesoro y la DEA, pero en México no se ha abierto ninguna investigación formal. Incluso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría entregado documentación a la FGR sobre 35 transferencias por un total de 47 millones de dólares vinculadas a sobornos del crimen organizado, pero estas pruebas habrían sido ignoradas o archivadas sin explicación.
A pesar de las revelaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido pruebas, como si las existentes no fueran suficientes. En contraste, Washington avanza en investigaciones, bloqueos de cuentas y sanciones, mientras en México no hay detenidos, no hay órdenes de aprehensión, no hay transparencia.
Expertos en seguridad financiera advierten que estos casos podrían constituir una nueva evidencia del pacto de impunidad entre poder político y estructuras del narco.
“No estamos ante una simple omisión o negligencia. Estamos ante una red que conecta a bancos, cárteles y oficinas del gobierno. Lo que en Estados Unidos genera procesos penales, en México sigue siendo ‘coincidencia’”, declaró un exfuncionario de la UIF bajo condición de anonimato.
Mientras tanto, la sociedad mexicana sigue esperando que el sistema judicial actúe. Pero la pregunta persiste: ¿es coincidencia o una confirmación más del narco-gobierno que encabeza Morena?
