Acusan a la fiscal de Veracruz de fabricar culpables y criminalizar jueces
Por Julio Altamirano
En redes sociales y espacios de opinión pública se difundieron señalamientos graves contra la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, a quien acusan de fabricar culpables y de utilizar el aparato de justicia para castigar a funcionarios judiciales que no acatan consignas políticas.
De acuerdo con las denuncias, la fiscal habría sido responsable del encarcelamiento del juez Florencio Hernández, quien desde hace casi tres años permanece recluido en un penal de Chiapas, luego de negarse a vincular a proceso al hoy alcalde de Las Choapas, Jesús Uribe, en un caso que posteriormente fue considerado infundado.
Caso Florencio Hernández
Según lo expuesto, tras la negativa del juez a proceder contra Jesús Uribe, se le habría fabricado una denuncia por cohecho, abriéndosele un expediente que derivó en su citación a Xalapa, donde finalmente fue aprehendido.
A pesar de que el delito imputado no es considerado grave, se le dictó prisión preventiva justificada, medida que el juez ha combatido por la vía legal, sin éxito, debido —afirman— a que el aparato judicial ha sostenido su reclusión.
Las versiones señalan que la acción habría respondido a una instrucción atribuida a David Cardeña, personaje identificado como cercano a la entonces presidenta del Poder Judicial, Aurelia Jiménez, con quien Lisbeth Jiménez mantiene vínculos políticos y profesionales.
Señalamientos reiterados
Críticos de la Fiscalía afirman que este no sería un caso aislado, sino parte de un patrón de actuación que, aseguran, Lisbeth Aurelia Jiménez ya ejercía cuando se desempeñaba como jueza, y que ahora —como fiscal durante el gobierno de Rocío Nahle— habría reproducido desde una posición de mayor poder.
“Es una fiscal experta en llenar cárceles con ciudadanos inocentes”, sostienen las acusaciones difundidas, que cuestionan el uso de la prisión preventiva como herramienta de presión y castigo.
Exigen revisión del caso
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido una postura oficial sobre estos señalamientos. No obstante, organizaciones civiles y voces críticas han comenzado a exigir la revisión del caso del juez Florencio Hernández, así como una investigación independiente sobre el actuar de la titular de la FGE.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la autonomía judicial, el uso político del sistema de justicia y la situación de la prisión preventiva en Veracruz.
