Crisis total en Fiscalía: cae Verónica Hernández

Verónica Hernández Giadans

Por Redaccion

La reciente publicación de Línea Caliente, firmada por el periodista Edgar Hernández, detonó un nuevo episodio en la ya prolongada crisis institucional que atraviesa la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Su columna documenta —con nombres, fechas y acusaciones directas— el abrupto retiro de Verónica Hernández Giadans de la FGE y los señalamientos que, desde el Congreso local, organismos de derechos humanos y actores políticos, se habían acumulado durante su gestión. Más que una nota de coyuntura, el texto exhibe la profundidad del deterioro estructural dentro de una de las instituciones clave para la legalidad en el estado.

La pieza periodística describe un escenario donde el desgaste interno, la falta de controles, las omisiones constitucionales y la creciente presión política terminaron por fracturar la permanencia de la Fiscal. A ello se suman los cuestionamientos externos: recomendaciones ignoradas, señalamientos sobre vínculos insanos, el uso faccioso de la justicia y una carga de responsabilidad sobre cientos de detenciones cuestionadas. El retrato, en suma, es el de una Fiscalía que perdió independencia, rumbo y legitimidad.

Con base en esa columna detonante, elaboramos una línea de tiempo rigurosa, sustentada únicamente en los datos duros que el propio texto aporta, para ofrecer un trazo claro de los momentos más relevantes alrededor de la salida de Hernández Giadans y del contexto político-institucional que la rodea. A continuación, el desarrollo puntual de los hechos.

A) LÍNEA DE TIEMPO

2019 – 2020

Mayo de 2020:
Verónica Hernández Giadans es designada por el Congreso de Veracruz como Encargada de la Fiscalía General del Estado, en sustitución de Jorge Winckler.
Posteriormente resulta ratificada en el cargo.

2020 – 2024 (Periodo de gestión)

Durante su desempeño se señalan hechos relevantes:

No cumplió con la certificación, revalidación y registro que exige la Constitución para ejercer como Fiscal.
Se mantiene un universo de más de 2,000 personas en prisión preventiva oficiosa en el estado.
Autoridades y organismos internacionales la colocan como la 26° peor Fiscal del mundo (según el texto).
Se acumulan recomendaciones de la CNDH no atendidas
Persisten señalamientos de omisiones frente al huachicol y operación del llamado “huachicol fiscal”.
Circulan señalamientos sobre vínculos familiares con los Zetas.
Operación institucional marcada por:
Aprehensiones arbitrarias.
Aplicación sesgada de la ley.
Respuesta directa a intereses del Ejecutivo estatal.
Opacidad en el manejo de la FGE.
Venganzas políticas

2024

Desde el inicio de la administración estatal actual, se describe escaso respaldo político interno a Hernández Giadans.
Crece el distanciamiento con el grupo político referido como “los Nahalistas”.
La nueva gobernadora (la zacatecana) ya contemplaba dos perfiles de sustitución:

Sergio Castañeda (diputado local)
Lisbeth Jiménez (magistrada)

24 de noviembre (tarde)

*Verónica Hernández Giadans es notificada de que debe dejar el cargo
La notificación se deriva de irregularidades documentadas por el Congreso local.

Noche del 24 de noviembre

La Fiscal comienza a retirar sus pertenencias
Se despide de personal cercano.
Señala que regresará a la Notaría donde trabajaba antes de ser Fiscal.

25 de noviembre (martes)

Según la columna, en esta fecha se oficializaría la salida de la Fiscal General de Veracruz.

B) CUADRO COMPARATIVO “HECHOS VS. SEÑALAMIENTOS

Nombrada encargada en mayo 2020 por el Congreso; después ratificada. | Llegó al cargo sin experiencia previa, según el autor. |
| Legalidad del cargo | Ocupó la Fiscalía sin cumplir certificación, revalidación ni registro constitucional. | Violación al mandato constitucional; posible ejercicio indebido del cargo. |
| Relación con el Ejecutivo | La columna indica que actuó bajo órdenes del Ejecutivo estatal. | Falta de autonomía; uso político de la Fiscalía. |
| Derechos humanos| No atendió recomendaciones y citas de la CNDH. | Omisión institucional; violación de estándares internacionales. |
| Sistema penal| Más de 2,000 personas quedaron en prisión preventiva oficiosa. | Abuso de prisión preventiva; aplicación sesgada de la ley. |
| Seguridad y crimen organizado | Señalan vínculos familiares con “Los Zetas”. | Potencial colusión con delincuencia organizada. |
| Huachicol | No combatió el huachicol ni el huachicol fiscal. | Omisión deliberada que permitió operación ilícita. |
| Gestión administrativa | Se operó en opacidad; bajo simpatía decreciente interna. | Mal desempeño institucional; persecución política. |
| Salida del cargo | Congreso documenta irregularidades y ordena su remoción. | Responsabilidad administrativa y penal. |
| Sucesión| Dos perfiles propuestos: Castañeda y Jiménez. | Cambio interno controlado por el Ejecutivo y el grupo político dominante. |

C) ANÁLISIS JURÍDICO

POSIBLES DELITOS, FALTAS Y RESPONSABILIDADES)

Este análisis se realiza con base en los hechos narrados en la columna, sin afirmar su veracidad, únicamente evaluando qué implicaciones jurídicas tendrían si se acreditaran

1. Omisión de certificación, revalidación y registro para ejercer como Fiscal

Posibles infracciones:

Violación a los requisitos del Artículo 21 Constitucional (coordinación de instituciones de seguridad).
Violación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (requisitos del titular).
Delito de ejercicio indebido del servicio público
(Código Penal de Veracruz, arts. 319 y 320).

Elementos jurídicos:
El cargo de Fiscal requiere certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ejercer sin ella puede constituir responsabilidad administrativa grave y delito de ejercicio indebido.

2. Aplicación sesgada de la ley, detenciones por encargo y aprehensiones arbitrarias

Si se acreditara que hubo detenciones fabricadas o por consigna:

Delitos posibles:

*Abuso de autoridad (CP Veracruz art. 318).
Coalición de servidores públicos (art. 317).
Tortura o tratos crueles en caso de fabricación de culpables (Ley General para Prevenir la Tortura).
Violación al debido proceso (responsabilidad administrativa y penal).
Encubrimiento (si se protege intereses ilícitos).

Normas vulneradas:

Artículos 14, 16 y 20 constitucionales.
Reglas del debido proceso penal.

3. Mantener a más de 2,000 personas en prisión preventiva oficiosa

Si derivara de omisiones u órdenes internas:

Posibles responsabilidades:

Violación grave a derechos humanos (no prescripción).
Abuso de autoridad por omisión
Responsabilidad internacional del Estado (Corte IDH).
Responsabilidad administrativa grave (Ley de Responsabilidades Administrativas).

4. No atender recomendaciones y citaciones de la CNDH

Implicaciones jurídicas:

Violación a los artículos 1 y 102-B constitucionales.
Incumplimiento deliberado de obligaciones en materia de derechos humanos.
Falta grave por omisión (Ley de Responsabilidades Administrativas).

5. Presuntos vínculos familiares con los Zetas o protección a huachicol

(Se analiza únicamente en términos legales, dado que la columna lo menciona como señalamiento).

Si se acreditara:

Delincuencia organizada (Ley Federal contra la Delincuencia Organizada).
Encubrimiento por favorecimiento
Asociación delictuosa
Cohecho (si hubiera beneficios).
Operaciones con recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI).

Estas hipótesis requieren evidencia robusta, pero jurídicamente sí serían delitos graves no sujetos a beneficio.

6. Subordinación al Ejecutivo y pérdida de autonomía

Normas implicadas:

Artículos 21 y 102 de la Constitución.
Ley Orgánica de la FGE.

Posibles consecuencias:

Violación a la separación de poderes.
Violación del principio de autonomía técnica y de gestión.
Responsabilidad administrativa grave.

7. Operación opaca, persecuciones políticas y uso faccioso de la Fiscalía

Si se acreditara:

Violación al principio de imparcialidad
Abuso de autoridad
Desvío de poder (figura administrativa).
Responsabilidad patrimonial del Estado por daños derivados de actuaciones arbitrarias.