Hospital “Luis F. Nachón”
Por Julio Altamirano
El Hospital “Luis F. Nachón” vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras una serie de señalamientos realizados por trabajadores del Departamento de Recursos Materiales, quienes denuncian presuntas irregularidades administrativas y prácticas que podrían representar un riesgo directo para la salud de los pacientes.
De acuerdo con testimonios anónimos, por temor a represalias, el hospital enfrenta un faltante recurrente de medicamentos y material de curación. Lo más delicado —aseguran— es que existirían instrucciones internas para continuar distribuyendo insumos caducados, bajo el argumento de que “todavía sirven”.
Según los denunciantes, presuntamente se habría ordenado borrar fechas de caducidad con alcohol, retirar etiquetas originales y cubrir o alterar información con plumón, con el fin de evitar que se detecte que los productos están vencidos.
Los trabajadores señalan directamente a la jefa de Recursos Materiales, Nubia Iveth Hernández Vázquez, quien —afirman— al ser psicóloga, no cumpliría con el perfil profesional requerido para coordinar la farmacia hospitalaria, la farmacia externa y el almacén de material de curación.
Hasta el momento, las acusaciones no han sido confirmadas oficialmente por la administración del hospital. No obstante, empleados aseguran que el temor es generalizado, pues cumplir con dichas indicaciones podría implicar responsabilidades legales y éticas, mientras que negarse podría derivar en represalias laborales.
“Tenemos miedo por los pacientes y también por nosotros”, expresó uno de los trabajadores.
Asimismo, señalaron que ya se han presentado quejas formales ante el sindicato y la administración hospitalaria, por presuntos malos tratos, posibles violaciones a derechos laborales y sindicales, así como por las decisiones relacionadas con el manejo de insumos médicos.
Ante la gravedad de los señalamientos, se hizo un llamado al director de COFEPRIS en Veracruz, Jesús Gerardo Antonio Domínguez, para que intervenga de manera inmediata, ordene una investigación exhaustiva y garantice la seguridad de los pacientes y la protección de los denunciantes.
De confirmarse los hechos, el caso podría trascender de una problemática administrativa a un posible riesgo sanitario de gran escala, que demandaría sanciones y acciones contundentes por parte de las autoridades competentes.
