Detenidos / Internet
Por Silvia Núñez Hernández
La muerte de José Antonio Miranda García, proyectista de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), no es un caso más que lamentar en la interminable estadística de la violencia en Veracruz. Es una bofetada a la supuesta narrativa de “paz” que el gobierno actual intenta sostener con declaraciones huecas. Es, además, una alerta roja —una más— que revela cuán solos estamos los periodistas y servidores públicos en esta entidad desgarrada por la omisión y el desdén institucional.
Este crimen brutal no ocurrió en un callejón oscuro ni a manos de un cártel sanguinario con rifles de asalto. Ocurrió bajo el método de una red delictiva tristemente conocida: “Las Goteras”. Mujeres que drogan para robar, y que en este caso terminaron asesinando. Lo trágico es que, pese a que este modus operandi es ampliamente conocido en otras partes del país, aquí, en Veracruz, ni la CEAPP, ni la policía preventiva, ni las políticas de seguridad pública hicieron nada para prevenirlo.
El lunes 14 de julio, la gobernadora Rocío Nahle ofreció una conferencia de prensa donde confirmó lo que los rumores ya decían: que las mujeres responsables del crimen formaban parte de esa estructura criminal. Lo dijo con naturalidad, como si la gravedad no fuera extrema. “Hay una investigación muy fuerte y detallada… dos mujeres ya están detenidas”, aseguró la mandataria. Pero las detenciones no bastan. Nunca bastan.
Ese martes 25 de junio, José Antonio Miranda salió de un bar junto a Óscar Canseco Jorgine. Ambos fueron interceptados por dos mujeres. Fueron drogados. Los despojaron de sus pertenencias y cuentas bancarias. A Miranda lo mataron. A Óscar lo dejaron con secuelas físicas y mentales.
Lo hallaron muerto en la colonia Salvador Díaz Mirón, en Banderilla. Así, sin más. Una noticia más. Una víctima más. Pero esta vez fue alguien que trabajaba dentro de una institución creada, precisamente, para proteger a personas en riesgo.
¿Qué clase de CEAPP tenemos si no puede garantizarle seguridad ni siquiera a su personal? ¿Qué protocolos existen? ¿Quién responde por este crimen?
Hasta ahora, nadie en la CEAPP ha dado la cara de manera contundente. Nadie ha explicado si Miranda trabajaba en casos de alto riesgo, si había recibido amenazas, si estaba en alguna lista interna de vigilancia o acompañamiento. El silencio institucional es ensordecedor.
La fiscalía del Estado informa que hay cinco detenidos: tres mujeres —una de ellas empleada de bar—, un repartidor de comida y un comerciante. Todos, presuntamente, formaban parte de esta red que opera con total impunidad. Se les acusa de homicidio doloso calificado, tentativa de homicidio y robo agravado. Y sin embargo, la sensación es que *este crimen pudo evitarse*.
Porque lo grave no es sólo el homicidio. Lo grave es la cadena de omisiones que lo precedieron.
Y luego, la respuesta de la gobernadora, que más que tranquilizadora, sonó a evasión: “Hasta el momento solo se conoce este caso en Veracruz”.
¿En serio? ¿Qué significa “solo se conoce este caso”? ¿Acaso necesitamos una decena de muertos para que el Estado reaccione? ¿Tenemos que esperar a que maten a otro periodista, a otro funcionario, para que se asuma con seriedad que el crimen está mutando, que los métodos se diversifican, que los peligros ya no usan pasamontañas ni armas largas, sino copas, faldas y benzodiacepinas?
El fenómeno de “Las Goteras” no es nuevo. En Ciudad de México y Guadalajara lleva años operando. En Veracruz ya se cobró la vida de un servidor público, pero la narrativa oficial se empecina en minimizarlo. Como si no pasara nada. Como si el Estado estuviera blindado. Como si nuestras muertes fueran una anécdota indeseable y no una tragedia institucional.
El asesinato de Miranda no es una desgracia aislada. Es un espejo donde se refleja la ineptitud del aparato gubernamental, la desarticulación de los protocolos de prevención y la indiferencia criminal de las instituciones que, en teoría, existen para protegernos.
Y si la CEAPP, que fue creada tras la sangre de muchos periodistas muertos, no puede proteger ni siquiera a los suyos, ¿qué podemos esperar nosotros, los que seguimos ejerciendo en las calles, en las redacciones pequeñas, sin escoltas, sin protección, sin respaldo?
Este crimen no debería cerrarse con cinco detenciones y una declaración oficial. Este crimen exige autocrítica institucional, investigación interna en la CEAPP, revisión de políticas públicas, y una estrategia real de prevención contra estos mecanismos delictivos que ahora también matan en Veracruz.
José Antonio Miranda no puede quedar como un nombre más en una carpeta archivada. Su muerte debe ser un parteaguas. O al menos eso exigiría una sociedad que aún tuviera memoria.
