Rectoría de la UV
Por Redacción
A través de un comunicado dirigido a la Comunidad Universitaria, promoventes de uno de los amparos contra la prórroga otorgada al rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, informaron que han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su Facultad de Atracción, debido a las implicaciones nacionales del caso.
Explicaron que la prórroga es impugnada por su presunta inconstitucionalidad e ilegalidad, al considerar que la Junta de Gobierno de la UV (JG-UV) realizó una interpretación indebida y excesiva de la Ley de Autonomía y de la Ley Orgánica de la institución, creando un procedimiento especial sin fundamento normativo para extender el periodo rectoral.
En el proceso, tanto la Junta de Gobierno como Aguilar Sánchez interpusieron recursos de queja, que serán resueltos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río.
El promovente del amparo acusó que el Segundo Tribunal Colegiado declaró fundado un recurso previo bajo el argumento de que la Junta de Gobierno no puede ser considerada autoridad, aplicando una jurisprudencia cuestionada e inaplicable, según el texto.
Además, denunció que la resolución se dio con una “extrema e increíble celeridad”, pues en dos días y medio se elaboraron proyectos, se circularon entre magistrados y se discutió el caso, cuando el tiempo promedio es de tres a cinco meses.
Ante ello, un equipo jurídico presentó una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) para que la SCJN determine si el asunto debe ser analizado por el Pleno, debido a que involucra temas clave como:
- Alcances y límites de la autonomía universitaria
- Competencias de los órganos internos
- Fraude a la ley en procedimientos de designación
- Derechos humanos y participación de la comunidad universitaria
- Interpretación de la jurisprudencia que sostiene que es improcedente el amparo contra el nombramiento de rector
El documento también plantea preguntas de relevancia nacional, entre ellas:
- Si la autonomía universitaria es un espacio vedado al control judicial
- Si la Junta de Gobierno puede legislar o interpretar normas con el mismo rango que una ley estatal
- Qué instancia debe reparar derechos humanos vulnerados durante un proceso de designación rectoral
- Si es legal modificar reglas del proceso antes del inicio del periodo de designación, en analogía con lo establecido en la Constitución para procesos electorales.
Asimismo, señalaron que la DGCU de la UV difundió información tergiversada al afirmar que ya se declaró la legalidad de la prórroga y que no existe recurso jurídico posible, lo cual —aseguraron— es falso.
Finalmente, sostuvieron que la prórroga otorgada a Martín Aguilar Sánchez es ilegal y que por la magnitud de las violaciones constitucionales la “última palabra” debe ser de la SCJN, pues el criterio que se adopte impactará a todas las universidades públicas del país.
(Con información de Al Calor Politico)
