“Ley Lupe Rodríguez”
Por Redacción
- Para castigar sabotaje en entregas municipales
En respuesta al conflicto de entrega–recepción que paralizó al Ayuntamiento de Tamiahua al inicio del presente año, la diputada local Citlali Medellín Careaga presentó ante el Congreso del Estado de Veracruz una iniciativa de reforma conocida como la “Ley Lupe Rodríguez”, cuyo objetivo es castigar con mayor severidad a exfuncionarios municipales que se nieguen a entregar formalmente la administración pública.
Desde tribuna, la legisladora sostuvo que los hechos ocurridos en Tamiahua exhibieron un vacío legal que permite a autoridades salientes retener llaves, archivos, contraseñas y sistemas financieros, generando la parálisis de servicios públicos esenciales y afectando directamente a la población.
El caso Tamiahua, detonante de la iniciativa
Medellín Careaga explicó que la situación heredada por la administración encabezada por Guadalupe Rodríguez Torres dejó al municipio sin capacidad operativa durante los primeros días del año, al no concretarse una entrega formal. Esto impactó de manera directa en la recaudación del predial, el pago de nómina y la operación de servicios básicos.
La diputada calificó estas acciones como un “secuestro administrativo”, al señalar que no se trata de simples omisiones, sino de actos deliberados que vulneran la voluntad popular y ponen en riesgo el patrimonio municipal.
¿Qué propone la “Ley Lupe Rodríguez”?
La iniciativa plantea reformas a tres ordenamientos clave:
- Ley de Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal
- Ley Orgánica del Municipio Libre
- Código Penal del Estado de Veracruz
- Entre los puntos centrales destacan:
- Presunción automática de delito cuando los funcionarios salientes no se presenten a la entrega formal el 1 de enero.
Facultades legales al ayuntamiento entrante para asumir el control inmediato mediante acta notarial y notificación a las autoridades fiscalizadoras.
Agravantes penales cuando la omisión provoque suspensión de servicios públicos, frene la recaudación o ponga en riesgo la seguridad, con penas de prisión incrementadas e inhabilitación de hasta diez años para ejercer cargos públicos.
Aunque el nombre “Ley Lupe Rodríguez” no aparece de manera oficial en el proyecto de decreto, ya es utilizado en el ámbito político y mediático para identificar la iniciativa y el precedente que la originó.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen, en un contexto donde varios municipios veracruzanos enfrentan conflictos similares de entrega–recepción. De aprobarse, la iniciativa marcaría un antes y un después en la sanción del sabotaje administrativo en los ayuntamientos de Veracruz, con el caso Tamiahua como referencia obligada.
(Con información de Foro Tuxpan)
