Reemplacamiento / Místicos y Terrenales
Por Redacción
- Costará más del doble que en 2022 y podría generar más de 5 mil millones de pesos
El reemplacamiento obligatorio anunciado por la gobernadora Rocío Nahle García para 2026 podría representar un ingreso superior a 5 mil 680 millones de pesos, a pesar de que la mandataria aseguró que no tiene fines recaudatorios, sino de seguridad.
La medida, revelada el pasado 15 de julio, ha generado críticas por el elevado costo de las placas, que actualmente se ubica en 2 mil 633 pesos, más del doble de lo que se cobró en 2022 durante el programa implementado por su antecesor, Cuitláhuac García, cuando el precio rondaba los mil 300 pesos.
De acuerdo con cifras del INEGI, al cierre de 2023 había en Veracruz más de 2.3 millones de vehículos registrados, de los cuales casi 2 millones serían sujetos a reemplacamiento. Solo con esos datos y sin contar los registros nuevos de 2024, se estima una recaudación potencial de 5 mil 155 millones de pesos.
Además, si se considera el cobro a motocicletas —383 mil unidades registradas hasta 2023—, a una tarifa de 1,380 pesos, el ingreso adicional sería de casi 530 millones de pesos, lo que llevaría el total a más de 5 mil 684 millones de pesos.
La tarifa veracruzana es actualmente la segunda más alta del país, solo por debajo de Nuevo León, donde el costo puede alcanzar los 5 mil 600 pesos más un porcentaje del valor del vehículo. En contraste, en estados como México y Ciudad de México, el trámite cuesta entre 900 y 1,200 pesos.
La comparación con otras entidades y la diferencia con el último reemplacamiento han generado suspicacias sobre los verdaderos fines del programa. Aunque Nahle ha insistido en que no se trata de una medida recaudatoria, el elevado costo y la masividad del trámite han despertado críticas sobre su impacto económico en las familias veracruzanas.
El anuncio ocurre apenas días después de otro episodio polémico: el fallido intento por imponer una tarifa mínima de 14 pesos a los taxis en Xalapa, lo que provocó la molestia de transportistas en todo el estado y obligó a la gobernadora a recular parcialmente.
Con este nuevo frente abierto, Nahle enfrenta el reto de justificar un cobro millonario sin que parezca una medida fiscal encubierta, en un contexto de creciente descontento social por el costo de la vida y el deterioro de servicios públicos.
(Con información de Místicos y Terrenales)
