Senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara
Por Julio Altamirano
Una nueva controversia se desató en Veracruz tras las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle, quien afirmó que las tarifas de taxis no deben rebasar lo autorizado, lo que generó confusión y malestar entre usuarios y transportistas, pues las últimas tarifas oficiales datan del año 2002.
El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pidió al gobierno estatal tener “los reflejos suficientes para no generar una problemática donde no existía” y consideró que el debate que se ha abierto en torno a las tarifas, lejos de beneficiar, perjudica al ciudadano.
Huerta se pronunció a favor de una actualización de tarifas, considerando el incremento en el costo de la gasolina y otros insumos, pero subrayó que esto debe ir acompañado de mejoras en el servicio, condiciones de seguridad y transparencia en el proceso.
“No se trata sólo de subir tarifas, sino de que la ciudadanía sepa qué gana con ello. Se necesita orden, pero también transparencia y participación social”, expresó el senador.
También propuso que se revise a fondo el esquema de concesiones, denunciando que hay exfuncionarios públicos que se hicieron de flotillas de taxis, mismas que rentan bajo condiciones de explotación para los choferes, lo cual, dijo, termina afectando al usuario final.
Asimismo, pidió abrir el debate para regular el uso de aplicaciones digitales de transporte, como Uber e InDriver, cuyo funcionamiento —dijo— ha quedado fuera de los marcos normativos estatales y federales.
“Ya regulamos el tema de renta de viviendas tipo Airbnb; ahora toca estudiar el funcionamiento y cobros de estas plataformas”, añadió.
Mientras tanto, la gobernadora Rocío Nahle se negó a profundizar en el tema durante eventos públicos y solo adelantó que dará una postura oficial el próximo lunes en su conferencia de prensa, luego de que sus declaraciones iniciales derivaran en enfrentamientos verbales entre taxistas y usuarios, al interpretarse que se fijaba una tarifa mínima de 14 pesos y máximas de 30 a 50 pesos.
La polémica crece y la sociedad espera una resolución clara, justa y transparente para un sector que no ha sido revisado en más de dos décadas.
