Investigador Rafael Vela Martínez
Por Julio Altamirano
En medio de la controversia por la prórroga de cuatro años otorgada al rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, el investigador Rafael Vela Martínez, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), confirmó que su demanda de amparo sigue vigente ante el Poder Judicial de la Federación, a pesar de las versiones oficiales que aseguraban lo contrario.
Durante una entrevista, el académico explicó que su acción legal busca defender la legalidad universitaria y los derechos constitucionales vulnerados por la decisión de la Junta de Gobierno de la UV, la cual —según dijo— carece de facultades para extender el mandato del rector.
“La Junta de Gobierno decidió extender de manera arbitraria el periodo del rector, sin tener facultades expresas para hacerlo. Esa decisión vulnera la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana y omitió publicar la convocatoria correspondiente, impidiendo el derecho de la comunidad universitaria a participar en un proceso legítimo y transparente”, explicó.
El investigador desmintió las versiones difundidas por las autoridades universitarias que aseguraban que todas las demandas habían sido desechadas.
“En mi caso, esa afirmación es completamente falsa. Mi demanda sigue su curso ante el Poder Judicial de la Federación. Esa narrativa de que ‘ya se resolvió todo’ es una estrategia para confundir y desanimar a la comunidad universitaria”, señaló.
De acuerdo con Vela Martínez, el recurso de queja interpuesto por el rector Aguilar Sánchez contra su amparo es lo que ha retrasado las audiencias constitucionales, previstas inicialmente para el 4 de septiembre y el 15 de octubre, en el Tribunal Colegiado de Boca del Río. Una vez resuelta esa queja, el expediente regresará al Tribunal Administrativo de Xalapa, donde se emitirá el fallo judicial final.
El académico sustentó su demanda en la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y la Reforma a la Ley de Amparo de 2013, que establecen que toda autoridad pública —incluidas las universidades autónomas— está obligada a respetar los derechos humanos.
“La Junta de Gobierno y el rector son autoridades en sentido constitucional, y sus decisiones no pueden estar por encima de la ley. Mi demanda defiende el derecho de todos los universitarios a participar, elegir y ser elegidos en procesos democráticos”, puntualizó.
Vela aseguró tener confianza en la independencia del Poder Judicial de la Federación y en que el caso reafirmará que ninguna autoridad, ni siquiera una universitaria, puede estar por encima de la ley.
“Esta no es una demanda personal ni política, sino un tema de principios y respeto a la autonomía universitaria real, basada en la legalidad, la transparencia y la participación”, afirmó.
Finalmente, el investigador hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantenerse informada y unida:
“Las universidades públicas son pilares de la democracia y del pensamiento crítico. Si permitimos que se vulneren sus normas, perdemos todos.”
El caso del Dr. Rafael Vela Martínez representa más que una disputa jurídica: es una defensa ética y legal del principio de rendición de cuentas y del respeto a la autonomía universitaria.
