Poder Judicial en Veracruz / Internet
Por Julio Altamirano
Lo que parecía un escándalo exclusivo de Tabasco comienza a replicarse en Veracruz. El empresario constructor Gonzalo Pardo, señalado por enriquecerse con contratos inflados en la SEDATU y sus nexos con el círculo cercano de Andy López Obrador, se ha convertido en el verdadero dueño de las obras del Poder Judicial del Estado (PJE).
De acuerdo con fuentes internas, en el PJE ningún contrato se mueve sin la autorización de Pardo, quien opera a través de su hombre de confianza, el arquitecto Isaí Suárez, hoy jefe de Obras y Mantenimiento. Desde esa posición, Suárez concentra el control de adjudicaciones millonarias sin licitación ni procesos de transparencia.
La muestra más alarmante es la Ciudad Judicial de Coatzacoalcos, un proyecto valuado en 100 millones de pesos, aprobado sin proyecto ejecutivo ni concurso público, lo que en los hechos representa un cheque en blanco para el contratista consentido.
El ascenso económico de Suárez tampoco ha pasado inadvertido: de ser un empleado de bajo perfil, ahora presume la compra de una casa de tres millones de pesos, señal de que el negocio privado con dinero público apenas comienza.
El caso refleja lo que actores judiciales califican como un sexenio de negocios exprés y fortunas amasadas bajo la sombra del Poder Judicial veracruzano, donde la opacidad se ha convertido en regla.
La interrogante sigue abierta: ¿hasta cuándo Veracruz continuará siendo un paraíso de corrupción con recursos del erario?
