Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García
Por Julio Altamirano
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una advertencia formal a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, por incumplir una sentencia firme que obliga al Gobierno del Estado a pagar a una empresa constructora que ejecutó y entregó obras públicas.
De acuerdo con el expediente SG/GJ/3951/09/2025, el 5 de septiembre el Tribunal emitió un primer apercibimiento a la mandataria estatal, y ante la persistencia del incumplimiento, el 23 de octubre se giró un segundo apercibimiento, esta vez con instrucción de multa en caso de continuar la negativa de pago.
El fallo establece que, si el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) no cumple con la resolución judicial, la gobernadora enfrentará dos multas de 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cada una, además de la posibilidad de que el caso derive en sanciones administrativas o penales por desacato a un mandato federal.
El caso se origina en la demanda presentada por la empresa Inmobiliaria y Construcciones ESRO, S.A. de C.V., que realizó y entregó seis obras educativas —entre ellas las escuelas Margarita Morán (Veracruz), Mundo Nuevo (Coatepec), Leopoldo Kiel (Xalapa) y una secundaria en Papantla— todas contratadas con el IEEV y nunca liquidadas.
En su más reciente informe, el IEEV admitió estar “impedido para cumplir” por falta de recursos propios y limitaciones presupuestales, asegurando que solo podrá pagar cuando la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) apruebe una ampliación presupuestal solicitada el 22 de septiembre de 2025 mediante el oficio IEEV/DHG/OF/1281/25.
No obstante, el TFJA calificó insuficiente ese argumento y recordó que la gobernadora, como superior jerárquico de la autoridad demandada, tiene la obligación legal de hacer cumplir la sentencia. El Tribunal citó el artículo 20, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que faculta al Ejecutivo a ordenar la liberación inmediata de los recursos.
“El desacato ya no puede justificarse por falta de recursos, sino que deberá asumirse como una decisión política de incumplir la ley”, advierte la resolución judicial emitida el 23 de octubre de 2025.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que esta negativa vulnera el Estado de Derecho y podría derivar en responsabilidad administrativa y penal para la titular del Ejecutivo estatal.
El expediente, que se mantiene abierto desde 2019, exhibe una cadena de omisiones institucionales: Espacios Educativos niega recursos, SEFIPLAN no amplía presupuesto y la Secretaría de Gobierno solo emite oficios sin resultados.
Con esta nueva advertencia, el Tribunal Federal marca un precedente: si el Estado de Veracruz no cumple la sentencia en los próximos meses, Rocío Nahle podría ser sancionada directamente, en uno de los casos de desacato más graves y visibles en la historia reciente del estado.
