Por Silvia Núñez Hernández
El arranque debe colocar la renuncia de Guadalupe Taddei en el centro de la discusión, con los señalamientos sobre contrataciones, posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades que hoy son objeto de investigación. La Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control tienen actuaciones de investigación reportadas; eso permite hablar de hechos concretos sin presentar como sentencia firme una responsabilidad que todavía debe acreditarse. Reuters +1
¿QUIÉN GARANTIZA LA DEMOCRACIA CUANDO LAS INSTITUCIONES QUE DEBEN PROTEGERLA PIERDEN LA CONFIANZA CIUDADANA?
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, presentada el 26 de octubre, no puede pasar como un simple relevo administrativo ni como el cierre de un ciclo en la vida pública. Llega en medio de graves señalamientos relacionados con presuntos conflictos de interés, contrataciones públicas, vínculos con proveedores del propio organismo y posibles irregularidades que ya son objeto de investigaciones institucionales. La Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control del INE tienen actuaciones relacionadas con estos hechos, mientras la opinión pública conoce reportajes sobre la relación de la exconsejera presidenta y su entorno con empresarios vinculados a contratos electorales. No estamos, por tanto, ante una discusión inventada de la nada: existen hechos reportados, procedimientos de investigación y preguntas que las autoridades tienen la obligación de esclarecer. La responsabilidad administrativa o penal de cada persona deberá determinarse conforme a derecho, pero ninguna investigación debe detenerse por la renuncia de quien encabezó el organismo.
Lo verdaderamente preocupante es que la institución encargada de organizar las elecciones y garantizar que la voluntad ciudadana se exprese en condiciones de legalidad, certeza e imparcialidad se encuentre hoy obligada a responder por una crisis de confianza de esta magnitud. Cuando la titularidad del árbitro electoral queda bajo cuestionamientos por posibles conflictos de interés y por la cercanía con proveedores que obtuvieron contratos, la respuesta no puede reducirse a una carta de renuncia ni a una declaración de que se actuó con serenidad y dignidad. La ciudadanía necesita conocer quién tomó las decisiones, cómo se asignaron los contratos, qué procedimientos se siguieron, si existieron beneficios indebidos y qué responsabilidades corresponden a quienes intervinieron. La salida de una funcionaria no extingue el interés público ni borra las decisiones adoptadas durante su gestión. Mucho menos puede convertirse en una vía para cerrar investigaciones que deben continuar hasta que se conozca la verdad.
La pregunta es inevitable: ¿qué tan sólida puede ser la confianza ciudadana en una elección cuando quien encabezó el organismo responsable de organizarla termina su gestión en medio de investigaciones por presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés? No afirmo que los señalamientos actuales demuestren, por sí mismos, que los resultados electorales de 2024 fueron ilegales. Afirmo que la situación obliga a revisar con rigor la actuación institucional, a esclarecer las decisiones adoptadas durante aquella gestión y a preguntarnos si las garantías de autonomía e imparcialidad estuvieron a la altura de la responsabilidad constitucional del INE. La confianza no se exige por decreto, ni se recupera porque una persona deje el cargo. Se construye con transparencia, rendición de cuentas y la certeza de que ninguna autoridad está por encima de la ley.
La preocupación se vuelve todavía mayor cuando se considera que la Cámara de Diputados deberá intervenir en la designación de quien ocupe la presidencia del INE para completar el periodo correspondiente. ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en la independencia del próximo árbitro electoral si el proceso de designación queda expuesto a negociaciones partidistas y a los intereses de quienes actualmente ejercen el poder? No basta con cambiar un nombre ni con sustituir a una persona por otra. Es indispensable garantizar un procedimiento transparente, con criterios públicos, perfiles idóneos y salvaguardas reales frente a los conflictos de interés. El INE no puede ser una institución al servicio del gobierno en turno, de Morena ni de ninguna otra fuerza política. Su obligación constitucional es garantizar condiciones equitativas para todas las opciones políticas y proteger el derecho de la ciudadanía a elegir libremente.
¿QUIÉN GARANTIZA LA DEMOCRACIA CUANDO LAS INSTITUCIONES QUE DEBEN PROTEGERLA PIERDEN LA CONFIANZA CIUDADANA?
La democracia no se agota en depositar una boleta en una urna. Se sostiene en la certeza de que cada voto será respetado, de que las irregularidades serán investigadas y de que ninguna autoridad tendrá el poder de decidir, conforme a sus intereses, qué pruebas merecen ser escuchadas y cuáles deben desecharse.
Participé activamente en el proceso electoral de 2024. No hablo desde la comodidad de una opinión construida a partir de titulares periodísticos ni desde el desconocimiento de lo que ocurrió durante aquellas jornadas. Conozco el trabajo que se realizó, las actas, las sábanas electorales y las evidencias que fueron reunidas para documentar las irregularidades que denunciamos. Sé que hubo inconformidades que se llevaron ante las instancias correspondientes y que el camino institucional al que acudimos terminó sin que nuestras demandas prosperaran.
Por eso, cuando hoy se habla de la credibilidad de las autoridades electorales, no puedo evitar preguntarme qué valor tiene para la ciudadanía reunir pruebas, documentar hechos, presentar denuncias y acudir a los tribunales si, al final, las resoluciones no responden a las interrogantes que motivaron esas acciones. La democracia no puede depender de que los ciudadanos confíen ciegamente en funcionarios cuya actuación debe estar sujeta a revisión, escrutinio público y rendición de cuentas.
En Veracruz, quienes participamos en la defensa de lo que consideramos la voluntad expresada en las urnas sostuvimos que existían elementos para cuestionar el resultado de la elección a la gubernatura. No se trataba únicamente de una inconformidad política con la candidata declarada ganadora. Se trataba de revisar las diferencias que advertíamos entre los resultados y las actas que tenían los representantes electorales, así como de examinar las pruebas que fueron integradas y presentadas por las vías legales. En nuestro caso, sostuvimos que José Francisco Yunes Zorrilla había obtenido el respaldo electoral que reclamábamos como legítimo y que las evidencias debían ser examinadas de manera exhaustiva por las autoridades competentes.
Mi postura respecto de aquella elección permanece: considero que la voluntad ciudadana debía defenderse hasta sus últimas consecuencias jurídicas y que las evidencias merecían una revisión rigurosa. Las inconformidades fueron presentadas y las instancias jurisdiccionales emitieron sus resoluciones, pero el resultado institucional dejó a quienes defendimos esa postura con la convicción de que nuestras objeciones no fueron atendidas de la manera que considerábamos necesaria. Para quienes participamos directamente, no fue un debate teórico ni una diferencia menor: fue la experiencia de reunir documentación, sostener una denuncia y observar cómo las decisiones de las autoridades terminaban cerrando el camino a nuestras pretensiones.
Aquí se encuentra el antecedente de lo que después ocurrió a escala nacional. Una autoridad electoral cuestionada por su independencia; denuncias sobre posibles conflictos de interés y vínculos con proveedores; decisiones que, desde la perspectiva de quienes participamos en la defensa del voto, no respondieron adecuadamente a las pruebas; y, posteriormente, una interpretación de la representación legislativa que permitió a Morena y a sus aliados alcanzar una mayoría extraordinaria. La coincidencia temporal de estos hechos no demuestra, por sí sola, que haya existido una operación coordinada para producir un resultado determinado, pero sí justifica que la ciudadanía exija explicaciones sobre cada decisión, sus fundamentos y sus consecuencias.
No se trata de afirmar que todo resultado desfavorable a una oposición sea ilegal. Se trata de observar la secuencia completa: quién organizó la elección, cómo se resolvieron las inconformidades, qué pruebas fueron admitidas o desechadas, cómo se calificaron los resultados y de qué manera se integraron las cámaras legislativas. Cuando todos esos elementos terminan produciendo una concentración de poder de enorme alcance, la ciudadanía tiene derecho a preguntar si cada etapa se desarrolló con independencia y apego a la Constitución, y a exigir que las autoridades expliquen sus determinaciones de forma clara y verificable.
Una cosa es que una autoridad electoral resuelva una controversia en sentido contrario a lo que solicita una parte, y otra muy distinta es que quienes participaron en el procedimiento consideren que sus pruebas no fueron valoradas suficientemente, que sus argumentos no recibieron una respuesta satisfactoria o que la decisión terminó consolidando un resultado que cuestionaban. Esa diferencia debe examinarse a partir de los expedientes, las resoluciones y sus fundamentos. Pero también debemos reconocer que, cuando la ciudadanía percibe que sus evidencias no encuentran una respuesta efectiva, la confianza institucional comienza a deteriorarse. Una resolución puede ser definitiva en términos procesales y, aun así, no conseguir disipar las dudas públicas de quienes consideran que sus argumentos no fueron atendidos adecuadamente.
Lo que está en juego no es solamente el resultado de una gubernatura. Es la confianza en un sistema que debe garantizar que la competencia política se desarrolle bajo reglas iguales para todos, que los votos se cuenten correctamente y que las inconformidades se resuelvan con independencia de quién resulte beneficiado. Por eso me preocupa profundamente que quienes hemos participado en procesos electorales, quienes conocemos el valor de las actas y sabemos el trabajo que implica documentar una irregularidad, terminemos preguntándonos si el esfuerzo ciudadano tiene sentido cuando las instituciones encargadas de impartir justicia electoral no ofrecen las respuestas que consideramos necesarias.
La misma interrogante se extiende al proceso presidencial y a la conformación de las cámaras legislativas. ¿Cómo puede una sociedad mantener intacta su confianza cuando se acumulan cuestionamientos sobre la organización de las elecciones, la resolución de las impugnaciones, la asignación de escaños y la independencia de las autoridades responsables de vigilar la legalidad? No sostengo que todas esas controversias sean idénticas ni que una inconformidad resuelta desfavorablemente equivalga, por sí misma, a demostrar un fraude. Sostengo algo distinto: una democracia necesita instituciones capaces de responder con argumentos verificables, decisiones debidamente fundadas y procedimientos transparentes, especialmente cuando lo que se encuentra en disputa es la legitimidad del ejercicio del poder.
Y en este punto resulta inevitable hablar de la actuación de quienes tuvieron la responsabilidad de resolver las controversias electorales. La autoridad jurisdiccional no está para proteger a un partido, a una candidata o a un proyecto de gobierno. Está para aplicar la Constitución y las leyes, aun cuando sus decisiones incomoden a quienes concentran el poder político. Cuando una resolución confirma un resultado controvertido, su obligación es explicar por qué las pruebas y los argumentos presentados no modifican la conclusión jurídica. Cuando desecha una impugnación, debe hacerlo con apego a las reglas procesales y con fundamentos que permitan comprender la decisión. La independencia judicial no consiste en proclamar que se es independiente; consiste en demostrarlo mediante las decisiones que se toman, sin privilegios, sin subordinación y sin consideraciones ajenas al derecho.
Por eso, la actuación de quienes encabezaron los órganos electorales durante este periodo debe ser revisada de manera integral. No basta con analizar una resolución aislada. Es necesario examinar las decisiones administrativas, los criterios aplicados, la relación con los partidos políticos, los nombramientos, las denuncias presentadas y la forma en que se atendieron las irregularidades señaladas. La rendición de cuentas no puede depender de que una persona permanezca en el cargo ni de que las denuncias dejen de ocupar los titulares. Las instituciones deben preservar los expedientes, colaborar con las investigaciones y garantizar que las responsabilidades, si las hay, se determinen sin interferencias.
La preocupación aumenta cuando observamos la sobrerrepresentación legislativa y sus consecuencias. La integración de las cámaras del Congreso de la Unión permitió que una fuerza política y sus aliados alcanzaran una capacidad legislativa extraordinaria, suficiente para impulsar reformas constitucionales que transforman profundamente la estructura del Estado. La discusión no es menor ni puede reducirse a una disputa entre partidos. Se refiere a la proporcionalidad de la representación, al respeto del pluralismo político y a la posibilidad de que una mayoría legislativa ejerza sus facultades sin debilitar los contrapesos que protegen los derechos de todas las personas.
Cuando la distribución de los escaños se convierte en la llave para modificar la Constitución, reformar el Poder Judicial y alterar el funcionamiento de las instituciones, la forma en que se interpretaron las reglas electorales adquiere una importancia extraordinaria. La pregunta que debemos formular es si la representación obtenida en el Congreso refleja adecuadamente la pluralidad del voto ciudadano y si los criterios aplicados para asignar las diputaciones y senadurías respetaron el sentido y los límites constitucionales de esa representación. No basta con afirmar que una mayoría tiene derecho a gobernar; también debemos examinar cómo se construyó esa mayoría y cuáles son los límites jurídicos que debe respetar.
La sobrerrepresentación no es una discusión abstracta para especialistas ni una diferencia técnica que deba interesar únicamente a quienes compiten por cargos públicos. Sus consecuencias alcanzan directamente a la ciudadanía. Una mayoría legislativa puede aprobar reformas que modifican la justicia, los organismos autónomos, los mecanismos de vigilancia del poder y las condiciones bajo las cuales se ejercen los derechos. Cuando los contrapesos se debilitan, la sociedad pierde espacios para exigir rendición de cuentas y aumenta el riesgo de que las decisiones públicas respondan a una sola visión política, sin la deliberación plural que exige un régimen constitucional democrático.
A esa preocupación se suma el proceso de elección de personas juzgadoras, que estuvo acompañado de controversias y denuncias públicas relacionadas con el uso de los llamados acordeones electorales. No podemos tratar esos cuestionamientos como si fueran irrelevantes, pero tampoco debemos confundir las denuncias con hechos judicialmente acreditados en todos los casos. Lo que corresponde es exigir que cada señalamiento se investigue con seriedad, que las autoridades expliquen sus conclusiones y que se determine si existieron conductas contrarias a la ley. La elección de quienes imparten justicia requiere garantías de imparcialidad, libertad del voto y transparencia, precisamente porque su función consiste en resolver los conflictos de la sociedad y controlar la legalidad de los actos del poder.
Frente a este escenario, surge otra pregunta que no podemos dejar para después: ¿qué garantías tendrá la ciudadanía de que el próximo proceso de designación de la titularidad del organismo electoral nacional estará libre de intereses partidistas? La autoridad que organiza las elecciones debe actuar con autonomía; la que resuelve las impugnaciones debe hacerlo con independencia jurisdiccional. Son responsabilidades diferentes, pero ambas resultan indispensables para que el sistema funcione. Si los nombramientos, las decisiones y las actuaciones institucionales quedan sometidos a las conveniencias de quienes gobiernan, la confianza pública se convierte en una promesa vacía.
No se trata de afirmar que una autoridad será parcial únicamente porque su designación involucre a actores políticos. Se trata de exigir procedimientos que protejan su autonomía, perfiles idóneos, criterios públicos de evaluación y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Quienes integran las instituciones electorales deben saber que su responsabilidad no consiste en facilitarle el camino a un gobierno ni en impedir que una oposición triunfe, sino en garantizar que la voluntad ciudadana pueda expresarse y defenderse dentro de la legalidad.
¿Qué nos queda entonces como ciudadanos? Nos queda mucho más que la resignación y mucho más que la indignación pasajera. Nos queda el derecho de exigir explicaciones, de acudir a las vías legales procedentes, de documentar las irregularidades, de dar seguimiento a los expedientes y de reclamar que las autoridades respondan por sus decisiones. Nos queda la posibilidad de impulsar una discusión pública seria sobre los alcances de la sobrerrepresentación y las condiciones constitucionales bajo las cuales puede revisarse la integración de los órganos legislativos. Nos queda, sobre todo, la obligación cívica de no permitir que las controversias electorales desaparezcan de la memoria colectiva solamente porque una resolución haya cerrado una etapa procesal.
También debemos distinguir entre exigir justicia y solicitar que se anule todo aquello con lo que no estamos de acuerdo. La nulidad de una elección, la revisión de una asignación legislativa o la investigación de una conducta irregular requieren procedimientos, pruebas y fundamentos jurídicos específicos. Esa exigencia no debilita nuestra postura; la fortalece. Si reclamamos que las autoridades respeten la Constitución, debemos sostener nuestras demandas sobre esa misma Constitución y exigir que los órganos competentes respondan con apego a derecho. La ciudadanía no puede sustituir a los tribunales, pero tampoco tiene por qué renunciar a cuestionar sus decisiones ni a promover las acciones que legalmente correspondan cuando existen razones para hacerlo.
Lo que no podemos aceptar es que la participación ciudadana se reduzca al momento de votar y que, después de la jornada electoral, la sociedad quede relegada a contemplar cómo se distribuye y se ejerce el poder. La democracia exige vigilancia antes, durante y después de las elecciones. Exige que las actas se conserven, que las pruebas se presenten, que las impugnaciones se resuelvan y que las autoridades expliquen sus determinaciones. Exige, además, que los ciudadanos puedan disentir, denunciar y organizarse sin que sus cuestionamientos sean descalificados de antemano por provenir de una posición política distinta.
Quienes participamos activamente en la defensa del voto sabemos que no basta con decir que existen pruebas: hay que identificarlas, incorporarlas a los expedientes y demostrar su relevancia jurídica. Pero también sabemos que presentar una denuncia no garantiza, por sí solo, que se reconozca la razón de quien denuncia. Precisamente por eso debemos mantener abiertos el debate público y la exigencia de rendición de cuentas, sin renunciar al rigor que distingue una reclamación fundada de una acusación sin sustento.
Hoy, más que preguntarnos quién ganó y quién perdió, debemos preguntarnos qué calidad democrática estamos dispuestos a aceptar y qué instituciones necesitamos para que las próximas elecciones merezcan la confianza de la sociedad. No basta con cambiar nombres en los cargos si las prácticas permanecen intactas. No basta con proclamar autonomía si las decisiones generan dudas que no encuentran respuestas convincentes. No basta con invocar la voluntad popular cuando se trata de obtener poder y olvidar la pluralidad ciudadana cuando llega el momento de ejercerlo.
La democracia no pertenece a un partido, a una candidatura ni a un grupo de funcionarios. Pertenece a la ciudadanía, que tiene derecho a elegir, a disentir y a exigir que su voto sea respetado conforme a la ley.
Por eso, la exigencia debe ser clara: investigar las denuncias relacionadas con Guadalupe Taddei y cualquier posible red de corrupción o tráfico de influencias; esclarecer las irregularidades electorales denunciadas; revisar jurídicamente las decisiones controvertidas; respetar la proporcionalidad de la representación política; garantizar la independencia de las autoridades electorales y exigir rendición de cuentas a quienes ejercen funciones públicas.
Porque cuando las instituciones dejan de inspirar confianza, no es la ciudadanía la que debe guardar silencio. Son las instituciones las que tienen la obligación de explicar sus actos y demostrar, con hechos y con derecho, que están a la altura de la responsabilidad que les fue conferida. Y cuando la concentración del poder amenaza con reducir los contrapesos, la participación ciudadana deja de ser una opción secundaria y se convierte en una responsabilidad democrática.
La pregunta sigue en pie: ¿vamos a conformarnos con que nos digan que todo fue legal, o vamos a exigir que cada decisión que comprometió la voluntad popular pueda ser examinada, explicada y defendida con argumentos jurídicos sólidos?
La democracia no se defiende con discursos. Se defiende con pruebas, con justicia, con instituciones independientes y con ciudadanos que no renuncian a sus derechos.
