Por Anais Zavala
La periodista de investigación Yohali Reséndiz, ganadora del Premio México de Periodismo en 2015, publicó una investigación en la que cuestiona el proceso de selección de consejerías electorales, particularmente la propuesta para integrar el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.
En el trabajo titulado “De Picacho 259 a Veracruz: la consejera que quieren designar”, difundido a través de Opinión 51 y el noticiero MVS de Pamela Cerdeira, Reséndiz retoma el testimonio de una fuente que señala una residencia ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, como presunto centro de operaciones para acordar nombramientos electorales y negociar contratos con organismos públicos.
De acuerdo con el testimonio citado por la periodista, el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con las empresas Cajas Graf, Lithoformas y ZEG, habría promovido aspirantes a consejerías electorales estatales con el respaldo de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
La fuente sostiene que, tras sus designaciones, algunas personas habrían recibido instrucciones para favorecer mediante contratos a empresas vinculadas con el empresario. También refiere supuestas entregas de dinero en efectivo a funcionarios electorales. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos recogidos en la investigación y requieren ser esclarecidas por las autoridades competentes.
Cuestionan propuesta para Veracruz
La investigación se centra en Claudia Iveth Meza Ripoll, quien encabeza la propuesta de la Comisión de Vinculación del INE para ocupar una consejería del OPLE Veracruz. Su designación debía ser sometida a votación del Consejo General del instituto, encabezado por Blanca Yassahara Cruz García.
Uno de los cuestionamientos se refiere a sus resultados durante el proceso de selección. Según la información citada por Reséndiz, Meza Ripoll obtuvo la calificación más baja en el examen de conocimientos entre las aspirantes comparadas. En la evaluación del ensayo recibió dos calificaciones B y una C, sin obtener una A de los tres dictaminadores.
La periodista también menciona a Luisa Rebeca Garza López, quien obtuvo calificaciones B, B y A en el ensayo, y señala que otras participantes lograron mejores resultados en el examen de conocimientos.
Otro aspecto señalado es el desempeño de Meza Ripoll durante su entrevista, en la que, según la publicación, leyó sus respuestas sin que las consejerías entrevistadoras hicieran observaciones, pese a que esa conducta no estaría permitida por los lineamientos del procedimiento.
Antecedentes bajo cuestionamiento
La publicación recuerda que Meza Ripoll participó en 2022 en el proceso para designar la presidencia del OPLE Veracruz. Durante aquella entrevista, el entonces consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña señaló públicamente su cercanía con Morena, un antecedente que, de acuerdo con la investigación, influyó en que no obtuviera el cargo.
Posteriormente, Meza Ripoll continuó trabajando en el organismo electoral veracruzano y, al concluir ese encargo, se incorporó al Gobierno del Estado. Actualmente ocupa la Jefatura Jurídica del CONALEP Veracruz, de acuerdo con la documentación institucional citada por la periodista.
Reséndiz también refiere que medios de comunicación de Veracruz publicaron acusaciones de padres de familia contra la funcionaria, relacionadas con un supuesto encubrimiento de un docente señalado por conductas inapropiadas contra estudiantes menores de edad en un plantel de Orizaba. Este señalamiento también debe tratarse como una acusación y no como un hecho acreditado.
Piden aclarar criterios del INE
La investigación plantea cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el INE para colocar a Meza Ripoll al frente de la propuesta, pese a que otras aspirantes habrían obtenido mejores resultados en algunas evaluaciones, así como sobre la consideración de sus antecedentes políticos y profesionales.
La periodista sostiene que el caso de Veracruz debe examinarse a la luz de los testimonios sobre la presunta intervención de José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei en nombramientos y contratos electorales.
La publicación también señala que el Consejo General del INE tenía previsto votar las designaciones el 29 de octubre, último día de funciones de Taddei, según el texto difundido.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la transparencia de los procesos de designación de consejerías electorales, la aplicación de los criterios de evaluación y la necesidad de esclarecer cualquier posible intervención ajena a los procedimientos institucionales.
