Por Rebeca Solano

El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del empresario Gerardo Sánchez Zumaya y de sus familiares, situación que, según afirmó, habría provocado su salida de México.

Anaya calificó al empresario, quien aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí rumbo a 2027, como un “perseguido político”. Sostuvo que las medidas financieras buscarían frenar sus aspiraciones electorales y aseguró que se habrían aplicado sin una carpeta de investigación formal ni una orden judicial.

Empresas promueven amparos

De acuerdo con reportes periodísticos, empresas vinculadas con Sánchez Zumaya promovieron amparos contra la UIF. Entre ellas se encuentra Grupo Mineral & Logistic (GML), que presentó un recurso el 2 de octubre de 2026. También se reportaron acciones legales de seis personas físicas presuntamente relacionadas con el caso.

Señalan posibles vínculos con Pemex

El caso ha sido relacionado en publicaciones periodísticas con presuntas irregularidades de facturación y contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex). Algunos reportes también mencionan posibles vínculos entre personas y empresas relacionadas con el asunto y el entorno del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Sin embargo, estos señalamientos no acreditan por sí mismos la comisión de delitos ni la responsabilidad de las personas mencionadas.

Hasta el momento, no se ha difundido una explicación oficial detallada sobre los motivos del presunto bloqueo de las cuentas, los montos afectados o el estado de los procedimientos relacionados con el empresario.

La controversia se presenta en el contexto de la disputa política rumbo a las elecciones de 2027 en San Luis Potosí. Mientras la dirigencia del PT denuncia una presunta persecución política, el caso permanece sujeto a aclaraciones sobre las medidas financieras y sus fundamentos legales.