Campañas anticipadas
Por Rebeca Solano
Expertos y exfuncionarios electorales advirtieron que las campañas adelantadas rumbo a las elecciones de 2027 representan un riesgo para la equidad de la contienda y podrían incrementar la desconfianza y apatía ciudadana.
Durante el seminario académico Proceso Electoral 2026-2027: condiciones de equidad en la contienda, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los exconsejeros del INE María Marván Laborde, Claudia Zavala y Lorenzo Córdova expresaron su preocupación por la actuación de las autoridades electorales.
Los especialistas señalaron que México cuenta con un marco jurídico sólido para garantizar la fiscalización y evitar la intervención de autoridades en los procesos electorales, pero advirtieron que el problema radica en la falta de aplicación efectiva de las reglas.
María Marván consideró preocupante la tolerancia de las instituciones electorales ante posibles violaciones a la ley, al señalar que las autoridades han adoptado criterios que terminan normalizando conductas contrarias a la democracia.
Por su parte, Claudia Zavala advirtió sobre el posible regreso de contiendas “absolutamente inequitativas”, debido a la realización de procesos internos que, a su juicio, funcionan en los hechos como campañas anticipadas.
La exconsejera señaló que esta práctica ya no se limita a un solo partido, pues PAN, PRI y Movimiento Ciudadano también han comenzado a impulsar perfiles rumbo a 2027.
Zavala sostuvo que no existen vacíos legales, sino interpretaciones y resoluciones que han generado confusión sobre los límites entre precampañas, intercampañas y campañas.
En tanto, el expresidente del INE Lorenzo Córdova recordó que la Constitución prohíbe a los servidores públicos utilizar recursos y espacios gubernamentales para beneficiar o perjudicar a partidos o candidatos.
Córdova alertó que la falta de sanciones ante posibles intervenciones políticas puede generar un mensaje de impunidad y normalización de las violaciones a la ley, situación que, afirmó, termina favoreciendo a quienes se encuentran en el poder.
Los exfuncionarios coincidieron en que la omisión de las autoridades electorales frente a las denuncias podría deteriorar las condiciones de equidad de cara al proceso electoral de 2027.
