Andrés Manuel López Obrador
Por Rebeca Solano
Una investigación del Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California, Berkeley documentó 337 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en México durante el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, correspondiente a la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Del total registrado, 78 víctimas eran periodistas y 259 defensores de derechos humanos. El HRC explicó que la cifra fue obtenida mediante la revisión, depuración y verificación de registros existentes.
El informe, titulado “Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”, también documentó 75 casos de asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física contra integrantes de ambos sectores.
La investigación señala además casos de vigilancia, hostigamiento digital, estigmatización y procesos legales contra periodistas y defensores que investigaban o denunciaban delincuencia, corrupción y presuntos abusos de autoridades.
Uno de los apartados aborda el uso de herramientas de vigilancia como Pegasus, así como otros sistemas empleados para extraer o analizar información de dispositivos electrónicos. El HRC señala que sus hallazgos se apoyaron, entre otras fuentes, en aproximadamente seis terabytes de correos y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados tras la intrusión de Guacamaya en 2022.
El centro también estimó que la impunidad por delitos contra periodistas y defensores se mantuvo entre 93 y 99 por ciento durante el periodo analizado.
El estudio fue concebido inicialmente como un posible expediente para la Corte Penal Internacional (CPI). Posteriormente, Berkeley convirtió la investigación en una plataforma pública que reúne una base de datos de víctimas, 75 expedientes y el análisis de más de mil 400 conferencias presidenciales, además de información sobre vigilancia, violencia e impunidad.
La investigación de Berkeley presenta estos hallazgos como parte de un patrón más amplio de agresiones contra periodistas y defensores, aunque sus conclusiones y caracterizaciones corresponden a los investigadores y no constituyen por sí mismas una resolución judicial.
