Piden transparentar declaraciones patrimoniales
Por Rebeca Solano
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abrió un nuevo debate sobre el acceso ciudadano a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Rafael Martínez Puón, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), señaló que algunas dependencias están utilizando criterios de reserva que, a su consideración, no corresponden con lo establecido en la legislación.
En entrevista con El Universal, Martínez Puón explicó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses deben contar con una versión pública, salvo los datos personales que legalmente deban protegerse.
El integrante del SNA cuestionó particularmente el uso del argumento de seguridad nacional para reservar información relacionada con el patrimonio de servidores públicos. Entre los casos mencionados se encuentran declaraciones de funcionarios vinculados con instituciones como Infonavit y Birmex, así como la del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
En este último caso, la declaración patrimonial había sido reservada hasta 2030. Sin embargo, el 18 de septiembre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que desclasificó las declaraciones patrimoniales y de intereses de 78 funcionarios vinculados con la Secretaría de Marina, entre ellos Ojeda Durán, y que ya podían consultarse en DeclaraNet.
Martínez Puón también señaló cambios en los mecanismos para que los ciudadanos puedan inconformarse ante la negativa de información pública tras la desaparición del INAI. Según datos que atribuyó al CPC del SNA, 45 por ciento de las instituciones públicas federales han rectificado después de una queja ciudadana.
Otro de los aspectos señalados fue la transparencia proactiva, que implica que las instituciones publiquen información pública sin que los ciudadanos tengan que solicitarla. El integrante del SNA afirmó que actualmente observa una menor publicación de información y mayor confusión sobre las instancias responsables de atender las solicitudes.
El INAI dejó de operar en marzo de 2025, y sus funciones fueron trasladadas a nuevas estructuras. Entre ellas se encuentra Transparencia para el Pueblo, encargada de funciones relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
El debate se mantiene mientras las nuevas instituciones y reglas de transparencia comienzan a operar. Para Martínez Puón, su funcionamiento deberá evaluarse a partir de la información que efectivamente publiquen las dependencias y la capacidad de los ciudadanos para impugnar negativas de información.
Cabe señalar que los señalamientos sobre el funcionamiento actual de los mecanismos de transparencia corresponden a las declaraciones de Rafael Martínez Puón y a los datos que atribuyó al CPC del SNA. La desclasificación de las declaraciones de funcionarios de Marina sí fue confirmada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
