Por Leticia Núñez Hernández
Recibí la denuncia de madres y padres de familia del CECYTEV No. 22, Plantel Lagos de Puente Moreno, quienes decidieron hacer públicas una serie de situaciones que, aseguran, han venido acumulándose hasta generar hartazgo, preocupación y la sensación de que aquello que debería ser una relación de colaboración entre una institución educativa pública y las familias está adquiriendo características de imposición. No llegaron solamente con una versión verbal de los hechos: me hicieron llegar mensajes, comunicados y capturas de pantalla que documentan instrucciones sobre cuotas, depósitos, comprobantes de pago, adquisición de materiales, fotocopias, engargolados, marcas específicas de libretas y calzado, así como comunicaciones relacionadas con las condiciones del plantel y con el propio proceso de inscripción de los estudiantes. Es precisamente esa documentación la que obliga a mirar el asunto con seriedad y a exigir que las autoridades educativas expliquen qué está ocurriendo.
Porque el problema no puede analizarse fragmentando los hechos. Si se observa cada disposición por separado, siempre será posible encontrar una explicación: que la cuota es voluntaria, que las copias son necesarias, que el cuadernillo sirve para trabajar, que determinado calzado forma parte de la disciplina escolar, que el transformador cuesta dinero o que el certificado es un requisito administrativo. Pero cuando todas esas circunstancias se colocan una junto a otra aparece una realidad mucho más incómoda: familias que reciben una instrucción económica detrás de otra y que, al mismo tiempo, enfrentan reglas cada vez más específicas respecto de dónde depositar, qué comprobante entregar, qué comprar, qué marca utilizar, cuándo presentar un documento y qué consecuencias puede tener no hacerlo. Ése es el contexto completo de la denuncia y ése es el contexto que las autoridades deben revisar.
Quiero dejar algo establecido desde el principio: no estoy cuestionando que las madres y padres de familia colaboren con la escuela de sus hijos. Sería absurdo e injusto desconocer una realidad que durante décadas ha sostenido materialmente buena parte del sistema educativo público mexicano. Son las propias familias quienes frecuentemente terminan comprando pintura, ventiladores, focos, material de limpieza, reparando baños, aportando para mobiliario o resolviendo necesidades que deberían ser atendidas mediante presupuesto público. Esa solidaridad comunitaria existe, es legítima y muchas veces resulta indispensable. Pero precisamente porque proviene del esfuerzo económico de las familias, la cooperación debe conservar siempre su característica esencial: ser voluntaria, transparente, comprobable y jamás convertirse en requisito de acceso, inscripción, permanencia o trato diferenciado para un estudiante.
Y aquí comienza uno de los principales problemas que encuentro en la documentación recibida. Una cooperación empieza a perder materialmente su apariencia de voluntariedad cuando no se limita a informar que quien quiera y pueda contribuir puede hacerlo, sino que viene acompañada de una cantidad determinada, fechas específicas de pago, datos bancarios, instrucciones para identificar al alumno, obligación de conservar el voucher y la indicación de presentarlo dentro del procedimiento de inscripción. Entonces la pregunta ya no es semántica. No se resuelve simplemente escribiendo “CUOTA VOLUNTARIA” en un documento. Lo importante es saber si una madre o un padre podía realmente decir “no voy a pagar” sin que eso produjera consecuencia alguna para su hijo y sin que tuviera que justificarse frente a nadie. Ahí se encuentra la verdadera prueba de la voluntariedad.
El asunto cobra todavía mayor relevancia porque la gobernadora Rocío Nahle García ha sido públicamente explícita respecto de las cuotas escolares. El propio Gobierno de Veracruz difundió el 24 de agosto el comunicado “Sin cuotas, más estudiantes en las aulas: Rocío Nahle García”, reiterando que en las escuelas públicas no deben cobrarse cuotas ni inscripciones y ordenando reforzar esa información en los planteles. La postura oficial difícilmente podría expresarse con mayor claridad: la falta de recursos económicos no puede convertirse en una barrera para que una niña, un niño o un adolescente acceda a la educación pública. Por eso lo que sucede en este plantel no debería considerarse un asunto menor ni exclusivamente interno de una asociación de padres.
Y es aquí donde aparece uno de los elementos que más preguntas provoca. En la documentación que me fue entregada existe una imagen denominada “Fechas de pago de inscripciones. Ciclo escolar 2026”. Dentro del mismo documento aparece un apartado denominado “CUOTA VOLUNTARIA” y se establecen cantidades concretas: $1,500 para alumnos de nuevo ingreso, $1,000 para alumnos de la escuela y $600 para hermanos. El propio documento fija fechas de pago, proporciona datos bancarios y termina señalando que “es indispensable entregar el comprobante (voucher) ORIGINAL del pago el día de la inscripción”. Es decir, en el mismo documento conviven las palabras “cuota voluntaria”, “pago de inscripciones” e “indispensable”, combinación que por sí misma justifica que la autoridad educativa explique con absoluta precisión dónde termina la cooperación y dónde comienza una eventual condición administrativa.
Pero hay otro dato todavía más delicado. Los datos bancarios proporcionados en ese documento aparecen a nombre de Erika Yuneri Rolón Arriaga, una persona física. Se proporciona una cuenta de Banco del Bienestar, CLABE y número de tarjeta para realizar las operaciones. Y quiero ser particularmente rigurosa en este punto: no estoy atribuyendo a Erika Yuneri Rolón Arriaga la comisión de delito, falta administrativa o irregularidad alguna, porque no tengo elementos suficientes para sostener una afirmación de esa naturaleza. Precisamente por eso estoy solicitando que se investigue y se transparente. Cuando dinero proveniente de familias vinculadas con una institución educativa pública se concentra en una cuenta identificada a nombre de una persona física, existe un interés legítimo y evidente en saber quién es esa persona dentro de la estructura de representación de los padres, qué facultades tiene y cuáles son los controles existentes sobre esos recursos.
¿Es Erika Yuneri Rolón Arriaga presidenta, tesorera o integrante formalmente acreditada de la Asociación de Padres de Familia? ¿Existe un acta de asamblea en la que haya sido electa? ¿Existe un acuerdo en el que se haya determinado el monto de esas aportaciones? ¿Existe autorización para que una cuenta a su nombre reciba los recursos? ¿Es una cuenta utilizada exclusivamente para ese propósito o una cuenta personal ordinaria? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿Cuánto se recaudó? ¿Cuáles fueron los egresos? ¿Dónde se encuentran los comprobantes? ¿En qué momento se rindieron cuentas a las familias? ¿Qué autoridad del plantel conoce y supervisa ese mecanismo? No son acusaciones disfrazadas de preguntas: son exactamente las preguntas que deberían contestarse cuando se maneja dinero aportado por una comunidad escolar.
Si todo se encuentra debidamente constituido, documentado, autorizado y transparentado, no debería existir dificultad alguna para acreditarlo. Se presentan las actas, se explica la representación, se muestran los acuerdos, se transparentan los ingresos y egresos y termina la discusión. Pero lo que no puede aceptarse es la idea de que por denominar a esos recursos “aportaciones de padres de familia” automáticamente desaparece la obligación de explicar quién los recibe y qué hace con ellos. La transparencia no debe comenzar cuando aparece una sospecha; debe existir desde el momento en que se recibe el primer peso.
Y las dudas aumentan porque los propios mensajes que recibí contienen cantidades y mecanismos diferentes. Mientras un documento señala $1,500, $1,000 y $600, otros mensajes hablan de $800 para primer semestre, $1,000 para tercero y $1,200 para quinto. Después aparece un cobro adicional de $150 por concepto de cuadernillo de trabajo y posteriormente otro esquema relacionado con fotocopias y engargolados, para el cual se instruye realizar un depósito mediante OXXO a lo que el mensaje identifica como “la cuenta de la escuela”. Esto no significa necesariamente que todos los pagos correspondan al mismo concepto; precisamente porque pueden ser distintos es indispensable que se explique cada uno de ellos, quién lo determinó, quién lo recibe y cuál es su destino.
Porque cuando una familia recibe durante un mismo proceso escolar instrucciones para entregar dinero mediante mecanismos diferentes, la autoridad no puede esperar que nadie pregunte. ¿Cuál recurso corresponde a la Asociación de Padres de Familia? ¿Cuál corresponde a materiales? ¿Cuál al cuadernillo? ¿Cuál al plantel? ¿Quién expide los comprobantes? ¿Qué personalidad tiene quien recibe cada pago? ¿Qué cuenta corresponde legalmente a cada concepto? ¿Qué órgano determinó las cantidades? ¿Existe acta? ¿Existe presupuesto? ¿Existe informe financiero? Cuando para cobrar se pueden establecer fechas, cantidades, cuentas y vouchers con extraordinario detalle, para rendir cuentas debería existir exactamente el mismo grado de precisión.
El capítulo de las fotocopias tampoco es menor. En uno de los mensajes se solicitan 100 hojas para Tutoría, 150 para Química, 50 para Matemáticas, 100 para Lenguaje y 170 para Inglés. La suma es 570 hojas. Sin embargo, el mismo mensaje señala: “Serían 550 por los libretos y 20 pesos del engargolado.” La primera cuestión es elemental: las cantidades enumeradas suman 570, no 550. Puede tratarse simplemente de un error al redactar el mensaje, pero incluso los errores deben aclararse cuando detrás de ellos existe dinero que las familias deben entregar.
La cuestión importante, sin embargo, no son únicamente esos veinte pesos de diferencia. Las madres y padres cuestionan por qué tienen que incorporarse al mecanismo de reproducción establecido cuando existen establecimientos que, por tratarse de cientos de copias, manejan precios de mayoreo considerablemente inferiores al peso por hoja que se les está señalando. Y la pregunta me parece perfectamente razonable: si el objetivo educativo consiste en que cada alumno tenga el material completo, ¿por qué no permitir que cada familia lo reproduzca donde pueda obtenerlo más barato? Si el material cuesta menos en otra fotocopiadora y cumple exactamente la misma función, impedir esa alternativa perjudica exclusivamente el bolsillo familiar.
No voy a afirmar sin documentos contables que la escuela o alguna persona esté haciendo negocio con las fotocopias, porque semejante afirmación requeriría demostrar costos, ingresos, proveedores y destino de los recursos. Pero justamente por eso la transparencia resolvería cualquier sospecha: que se informe quién reproduce los materiales, cuánto cuesta efectivamente cada copia, cuánto cuesta el engargolado, quién recibe el dinero, cuánto se recauda en total y qué ocurre con cualquier diferencia que pudiera existir entre el costo real y la cantidad cobrada. Si no existe utilidad ni negocio alguno, abrir las cuentas será la forma más sencilla de demostrarlo.
La misma lógica de imposición aparece en los útiles escolares. Para un curso de apenas tres días se solicitó expresamente una libreta marca KIUT, además de señalar que debía ser grande, de cuadro grande, pasta dura y doble argolla. Las últimas características pueden tener perfectamente una justificación pedagógica: quizá el docente necesita determinado formato, determinado tamaño o una libreta resistente. Pero la marca comercial es otra historia. Si una madre encuentra una libreta con idéntico tamaño, cuadro grande, pasta dura y doble argolla por un precio inferior, ¿qué diferencia pedagógica existe entre ambas? ¿Qué aprendizaje depende de que en la portada aparezca la palabra KIUT?
Y después llegamos al calzado, donde las instrucciones resultan incluso contradictorias. En uno de los mensajes se establece expresamente que para Educación Física deberán utilizarse “TENIS NIKE BLAZER DE BOTA”. Posteriormente, en capturas del grupo de comunicación, una persona identificada como “Psic Wendy” informa que los estudiantes deberán presentarse con “CONVERSE BLANCOS DE BOTA” y, ante las preguntas formuladas, se señala que esos mismos tenis serán utilizados para Educación Física. Más allá de determinar cuál de las dos marcas terminó siendo la correcta, existe una cuestión mucho más importante: ¿por qué una escuela pública considera necesario establecer una marca comercial específica de calzado?
No estamos hablando de exigir tenis blancos, de bota, cerrados, deportivos, seguros o apropiados para una determinada actividad. Estamos hablando de Nike y Converse, empresas privadas cuyas marcas tienen un valor comercial y cuyos productos pueden representar un gasto considerable para una familia. Y cuando hablamos de educación pública, el impacto económico de esas decisiones importa. Hay familias con dos o tres hijos estudiando; hogares en los que se cuentan los pesos para transporte, alimentación, útiles, uniformes y servicios básicos. Para esas familias, la diferencia entre unos tenis funcionales sin marca y unos Nike o Converse puede representar dinero destinado a comida, luz, gas o transporte.
Por eso la pregunta debe formularse sin rodeos: ¿desde cuándo el logotipo que un adolescente lleva en los pies determina su disciplina, presentación o aprovechamiento académico? ¿Corre mejor en Educación Física porque dice Nike? ¿Cumple mejor las reglas porque dice Converse? ¿Es menos presentable un estudiante que lleva unos tenis blancos impecablemente limpios, con las mismas características, pero de una marca económica? Una institución educativa puede establecer reglas razonables de uniforme; lo que resulta mucho más difícil de justificar es que esas reglas terminen funcionando como un catálogo de marcas comerciales que las familias deben financiar.
La educación pública no puede convertirse en escaparate de marcas ni la disciplina escolar puede transformarse en una prueba de capacidad adquisitiva. Y menos cuando las propias comunicaciones ni siquiera parecen ponerse de acuerdo sobre cuál marca exigir.
Pero incluso las cuotas, las copias, las libretas y los tenis pasan a segundo término frente a uno de los mensajes más preocupantes que recibí: la respuesta proporcionada ante las inconformidades por los aires acondicionados. El propio mensaje reconoce que el plantel no cuenta con un transformador capaz de abastecer todos los equipos y que esa situación existe prácticamente desde que comenzó a funcionar la escuela. Una deficiencia de infraestructura puede existir; ninguna institución pública está exenta de problemas presupuestales o técnicos. Lo que sí revela una preocupante forma de entender la autoridad es la respuesta que se ofrece a las familias.
El mensaje dice textualmente: “Si a algunos no les parece pueden cambiar a sus hijos, hacer un escrito para el ayuntamiento o bien juntar para poder comprar uno.” Y eso no puede normalizarse como una simple frase desafortunada. Una madre o un padre que pregunta por las condiciones en las que su hijo permanece durante horas dentro de un salón no está solicitando un privilegio ni exigiendo un lujo. Está cuestionando una condición material del servicio educativo. Responderle que puede llevarse a su hijo a otra escuela equivale a transformar una preocupación legítima en una especie de desafío a la autoridad: si no está de acuerdo, ahí está la puerta.
Los estudiantes no están en el CECYTEV por concesión personal de ningún directivo, coordinador, psicólogo o administrador de un grupo de WhatsApp. Están ahí ejerciendo un derecho. Si el plantel necesita un transformador, corresponde a sus autoridades documentar la necesidad, elaborar las gestiones correspondientes, acudir ante la Dirección General del CECYTEV, la Secretaría de Educación o las instancias que tengan competencia y buscar presupuesto y solución técnica. Las familias pueden colaborar si libremente quieren hacerlo, pero convertirlas nuevamente en la respuesta financiera al problema —“júntense y cómprenlo”— mientras simultáneamente se les sugiere cambiar a sus hijos de escuela si no están conformes, resulta profundamente cuestionable.
Y aquí vale hacer una pregunta política directa: ¿es ésa la política de atención a padres de familia que respalda el Gobierno de Veracruz? Porque mientras la gobernadora Rocío Nahle habla de gratuidad y de garantizar que más estudiantes permanezcan en las aulas, en un grupo vinculado con un plantel público se responde a quienes cuestionan las condiciones de esas aulas que pueden llevarse a sus hijos. Una cosa y otra difícilmente parecen pertenecer a la misma política educativa.
Sin embargo, el punto que considero más alarmante de la denuncia está relacionado con los certificados de secundaria y el ingreso al nivel medio superior. Madres y padres me señalaron que algunos jóvenes todavía no cuentan con su certificado porque las secundarias de las que egresaron no se los han entregado y que, pese a tratarse de una circunstancia completamente ajena a la voluntad de las familias, se les habría advertido que, si no presentan ese documento dentro del plazo establecido, no serán inscritos.
Aquí la lógica administrativa amenaza con convertirse en una auténtica injusticia. Si un adolescente terminó satisfactoriamente la secundaria y la institución responsable todavía no genera o entrega materialmente el certificado, ¿qué conducta puede exigírsele al muchacho para remediar una omisión que no cometió? ¿Qué puede hacer su madre además de solicitar el documento? ¿Qué puede hacer su padre además de acudir a preguntar cuándo estará disponible? ¿Se pretende que una familia obligue por sus propios medios a una autoridad educativa a acelerar un procedimiento administrativo?
El absurdo puede resumirse de manera muy sencilla: una institución educativa se retrasa en entregar un documento y otra institución educativa amenaza con castigar al estudiante por no tenerlo. En medio de ambas burocracias queda un adolescente que lo único que intenta es continuar estudiando.
Y la situación adquiere una dimensión todavía más delicada porque, según la denuncia que recibí, hay familias que ya realizaron los pagos previamente solicitados. De modo que, además del riesgo educativo, existe una cuestión económica que debe aclararse inmediatamente. Si finalmente el CECYTEV decide negar la inscripción porque el certificado no fue entregado oportunamente por la secundaria de procedencia, ¿qué ocurrirá con el dinero que la familia ya depositó? ¿Será reintegrado completamente? ¿Quién hará la devolución? ¿La Asociación de Padres? ¿La persona titular de la cuenta? ¿El plantel? ¿De cuál de las distintas cuentas mencionadas saldrá el dinero? ¿Cuánto tiempo tardará el reembolso y qué comprobante deberá presentar la familia?
No afirmaré que la institución pretende quedarse con esos recursos porque no tengo evidencia documental suficiente para sostenerlo. Pero precisamente porque ya existe dinero de por medio, tampoco puede dejarse la respuesta a la imaginación. Y resulta todavía más significativo que entre los propios mensajes entregados aparezca uno que señala: “Todos los que se vayan a salir y quieran su reembolso por favor de venir el lunes a las 10 de la mañana con comprobante.” Si existe un procedimiento de devolución, entonces debe transparentarse íntegramente: qué conceptos son reembolsables, cuáles no, quién los devuelve, en qué supuestos y qué ocurre específicamente cuando el alumno no desiste voluntariamente, sino que enfrenta una negativa de inscripción.
Pero no perdamos de vista lo esencial: antes que el voucher está el estudiante y antes que la cuenta bancaria está su derecho a continuar estudiando. La administración educativa debería tener mecanismos para resolver una documentación pendiente cuando la causa no es imputable al alumno: verificación de antecedentes académicos, constancias provisionales, expedientes electrónicos, plazos de regularización o cualquiera de las vías administrativas legalmente disponibles. Lo que no debería convertirse en la primera respuesta es cerrar la puerta.
Y quizá ahí se encuentra el verdadero hilo conductor de todo lo que me denunciaron las familias. No es solamente una cuota de $1,500. No son solamente $150 por un cuadernillo. No son únicamente 570 hojas. No son unos Nike, unos Converse o una libreta KIUT. No es aisladamente el nombre de una persona física en una cuenta bancaria. Es la acumulación de decisiones, instrucciones y exigencias y, sobre todo, la relación de poder que esa acumulación genera. Pague aquí, deposite allá, lleve el voucher, compre esta libreta, use estos tenis, pague estas copias, presente este documento, hágalo en esta fecha y, si cuestiona las condiciones del plantel, puede cambiar a su hijo de escuela.
Eso es lo que las madres y padres que acudieron a mí están denunciando: una sensación creciente de sometimiento frente a quienes deberían estar prestando un servicio público educativo. Y esa percepción, aun antes de determinar administrativamente si existió alguna irregularidad concreta, debería preocupar profundamente a las autoridades del CECYTEV. Una comunidad escolar sana no funciona mediante miedo a preguntar, miedo a no pagar, miedo a incumplir una instrucción económica o miedo a que cuestionar una decisión tenga consecuencias para el estudiante.
Claro que una escuela necesita autoridad, disciplina, reglas, fechas y procedimientos. Nadie razonable discute eso. Pero autoridad no significa arbitrariedad; disciplina no significa sumisión; cooperación no significa obligación económica y administración no significa opacidad. Precisamente las instituciones educativas deberían enseñar con el ejemplo que toda autoridad tiene límites, que todo recurso ajeno exige cuentas y que toda decisión pública debe poder explicarse.
Por eso considero indispensable que la Secretaría de Educación de Veracruz y la Dirección General del CECYTEV intervengan y realicen una revisión integral de lo que está ocurriendo en el Plantel No. 22 de Lagos de Puente Moreno. No estoy pidiendo un linchamiento administrativo ni una condena anticipada. Estoy pidiendo algo mucho más elemental y mucho más serio: una investigación que permita separar aquello que está correctamente realizado de aquello que eventualmente pudiera constituir una irregularidad.
Esa revisión debería abarcar las aportaciones solicitadas, quién determinó sus montos y mediante qué acuerdos; las cuentas bancarias utilizadas; la representación y facultades de quienes reciben y administran recursos; los ingresos y egresos; los comprobantes; los mecanismos de rendición de cuentas; las devoluciones; los $150 del cuadernillo; el sistema de fotocopias y engargolados; la eventual libertad de las familias para adquirir materiales por su cuenta; la exigencia de marcas comerciales específicas; las instrucciones relacionadas con Nike, Converse y KIUT; la respuesta emitida frente a las quejas por el transformador; y, de manera prioritaria, cualquier disposición que pudiera obstaculizar la inscripción de estudiantes cuyos certificados todavía no hayan sido entregados por sus secundarias de procedencia.
También deberá aclararse quién administra los grupos de comunicación desde los cuales se emiten estas instrucciones y con qué carácter institucional lo hace. Varias de las comunicaciones que me fueron entregadas aparecen atribuidas a una persona identificada en el grupo como “Psic Wendy”. Si esa persona comunica decisiones oficiales del CECYTEV, la institución deberá precisar qué cargo ocupa, cuáles son sus atribuciones y de qué autoridad emanan las disposiciones que transmite. Si no se trata de instrucciones oficiales, la situación sería igualmente preocupante, porque entonces habría que explicar por qué llegan a cientos de familias revestidas de la apariencia de decisiones institucionales.
Y desde ahora abro este espacio a la Secretaría de Educación de Veracruz, a la Dirección General del CECYTEV, a las autoridades del Plantel No. 22, a Erika Yuneri Rolón Arriaga y a cualquier otra persona mencionada para que ejerzan plenamente su derecho de réplica y aporten la documentación que consideren necesaria. Si existen actas, que se presenten. Si existen autorizaciones, que se conozcan. Si la cuenta bancaria tiene una explicación formal, que se explique. Si las aportaciones son completamente voluntarias, que se garantice públicamente que ningún alumno sufrirá consecuencia alguna por no pagarlas. Si las familias interpretaron incorrectamente una instrucción, que la autoridad la aclare. Si las marcas comerciales no son obligatorias, que también lo diga expresamente.
Eso es rendición de cuentas. No pedir confianza ciega, sino ofrecer información verificable.
Porque las madres y padres que acudieron a mí no están pidiendo privilegios, descuentos especiales ni trato preferencial. Están exigiendo reglas claras, respeto, transparencia y la certeza de que la educación de sus hijos no quedará atrapada entre depósitos, vouchers, cuentas bancarias, marcas comerciales y decisiones burocráticas que ellos no pueden controlar. Están pidiendo que su disposición histórica a ayudar a una escuela pública no sea confundida con la obligación de financiar cada carencia que aparezca ni con la renuncia a cuestionar cómo se utiliza su dinero.
Y si la gobernadora Rocío Nahle ha sostenido que en las escuelas públicas de Veracruz no deben cobrarse cuotas, quizá el desafío no consiste solamente en colocar anuncios afuera de los planteles diciendo que la educación es gratuita. El verdadero desafío es revisar lo que ocurre dentro: qué se solicita a las familias, cómo se solicita, quién recibe el dinero, qué consecuencias existen para quien no aporta, qué gastos adicionales se imponen y qué trato recibe quien se atreve a preguntar.
Porque en el CECYTEV No. 22 de Lagos de Puente Moreno ya son demasiadas las preguntas para pretender reducir todo a una simple inconformidad de padres: cuotas denominadas voluntarias acompañadas de fechas y vouchers; depósitos dirigidos a una cuenta identificada a nombre de una persona física; cantidades distintas en diferentes comunicaciones; cuadernillos adicionales; cientos de fotocopias; marcas específicas de libretas; Nike por un lado y Converse por otro; estudiantes amenazados con quedarse sin inscripción por certificados que sus secundarias todavía no entregan; y una respuesta a las familias que cuestionan los aires acondicionados diciéndoles que pueden cambiar a sus hijos de escuela o juntar dinero para comprar un transformador.
Eso ya no merece únicamente una explicación informal en un grupo de WhatsApp. Merece una revisión institucional seria, documentada y transparente.
Porque colaborar con una escuela pública puede ser un extraordinario acto de solidaridad comunitaria, pero la solidaridad sólo existe cuando hay libertad para decidir. Cuando aparecen presión, condicionamiento, opacidad o temor a las consecuencias, deja de ser colaboración y comienza otro problema que las autoridades tienen la obligación de investigar.
Y porque una escuela puede enseñar matemáticas, química, lenguaje o inglés, pero también educa mediante la forma en que ejerce el poder frente a sus estudiantes y sus familias. Si queremos formar ciudadanos capaces de exigir cuentas a sus autoridades, sería paradójico enseñarles desde adolescentes que frente a una autoridad escolar se paga, se obedece y no se pregunta.
Eso también es educación.
Y quizá sea la lección más importante de todas: la autoridad tiene límites, el dinero ajeno exige cuentas y los derechos no dependen de la marca de unos tenis ni del grosor de una cartera.
Por eso no basta con decir que todo se hizo por el bien de la escuela. Hay que demostrarlo. No basta con llamar voluntaria a una cuota. Hay que garantizar que realmente lo sea. No basta con recibir dinero. Hay que rendir cuentas. No basta con imponer disciplina. Hay que ejercer autoridad con respeto. Y no basta con decir que la educación pública es gratuita mientras las familias reciben una instrucción económica detrás de otra.
Que se investigue lo que ocurre en el CECYTEV No. 22. Que se transparenten las cuentas. Que se expliquen las decisiones. Que se garantice la inscripción de quienes tienen derecho a ella. Y que las madres y padres puedan preguntar sin recibir como respuesta que, si no les gusta, se lleven a sus hijos a otra escuela.
Porque la educación pública no es un negocio, una aportación voluntaria no es una colegiatura disfrazada y una comunidad escolar no es una clientela cautiva.
Y si alguien considera exageradas estas preguntas, existe una forma extraordinariamente sencilla de responderlas:
documentos sobre la mesa, cuentas claras y explicación pública.
Eso es todo.
Y, tratándose de una institución educativa pública, no debería ser demasiado pedir.
