Por Jorge Armando García Vera/Pico de Gallo
Hay negocios que prosperan a la vista de todos y otros que necesitan de sombras, papeles ambiguos y puertas convenientemente abiertas. El llamado huachicol fiscal pertenece, precisamente, a ese terreno donde cada cargamento irregular representa mucho más que combustible: significa dinero que deja de entrar al erario.
No hablamos del huachicol de las tomas clandestinas y los ductos perforados. Aquí el mecanismo puede ser más sofisticado: combustibles declarados bajo conceptos distintos, documentación irregular, evasión de contribuciones y operaciones capaces de atravesar controles aduaneros, puertos y rutas de distribución.
Y ahí aparece la pregunta incómoda:
¿Cómo puede un cargamento irregular recorrer tantos filtros sin que nadie lo advierta?
Porque para mover grandes volúmenes no basta una pipa, un papel alterado o una ocurrencia de ocasión. Se requiere logística. Se requieren rutas. Se requiere almacenamiento. Se requieren compradores. Y, sobre todo, se requiere que los mecanismos de vigilancia fallen.
El incentivo es poderoso: cada impuesto evadido puede convertirse en una ganancia extraordinaria para quienes participan en la operación, mientras la factura termina pagándola el país. Son recursos que deberían fortalecer las finanzas públicas y que simplemente no llegan a las arcas del Estado.
Pero este asunto exige algo más serio que el estruendo político.
Si existen responsables, que las investigaciones financieras sigan el dinero; que se reconstruya la trazabilidad de los cargamentos; que se revisen importadores, documentos, aduanas, transportistas y cadenas de comercialización. Y donde existan pruebas, que existan consecuencias.
Sin estridencias. Sin fabricar culpables. Pero tampoco con impunidad.
Porque sería igualmente irresponsable convertir cualquier señalamiento en sentencia. En un tema de esta magnitud debe existir una frontera clara entre hechos acreditados, investigaciones abiertas y acusaciones políticas.
El huachicol fiscal no solamente golpea al gobierno. Golpea también al empresario que paga impuestos, cumple regulaciones y compite dentro de la ley frente a quien obtiene ventajas mediante la evasión.
Por eso, quizá la verdadera discusión no sea únicamente cuánto dinero pierde el erario.
La pregunta de fondo es otra:¿Quién abrió la puerta, quién dejó pasar el negocio y quién se benefició mientras México pagaba la cuenta?
Porque cuando el combustible entra por la puerta de la simulación, el dinero público termina saliendo por la de la impunidad.
