Por Julio ALtamirano
Rosalba Hernández Hernández, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJ), impugnó el procedimiento de evaluación de desempeño iniciado en su contra por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), al argumentar que ese órgano carece de competencia para evaluarla bajo los mismos criterios aplicados a jueces y magistrados con funciones jurisdiccionales.
En un recurso presentado el 26 de octubre de 2026, correspondiente al expediente TDJ/118/2026, Hernández Hernández solicitó declarar la nulidad e invalidez del procedimiento, al considerar que existen presuntas violaciones a los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad.
La impugnación se dirige contra el acuerdo PTDJ/SE/016/26, aprobado el pasado 13 de octubre, mediante el cual el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial determinó iniciar la evaluación ordinaria de su desempeño.
En su escrito, la magistrada sostiene que las funciones que desempeña como presidenta del TSJ son distintas a las de los juzgadores que integran salas y resuelven controversias judiciales.
Explicó que, tras resultar electa como magistrada en materia constitucional durante el proceso electoral extraordinario 2024-2025, asumió la presidencia del máximo tribunal estatal conforme al artículo 57 de la Constitución de Veracruz, sin integrar una sala.
Por ello, argumenta que sus responsabilidades están relacionadas con la dirección, coordinación, representación legal y gestión del Poder Judicial, y no con la emisión de sentencias, la tramitación de expedientes o la resolución de asuntos jurisdiccionales.
Hernández Hernández considera que aplicar los mismos indicadores a funcionarios con responsabilidades diferentes podría representar un trato discriminatorio, debido a que los criterios de evaluación no corresponderían a las funciones propias de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
El procedimiento comenzó formalmente el 21 de septiembre, cuando la presidencia del TSJ recibió una notificación del Tribunal de Disciplina Judicial sobre la realización de evaluaciones ordinarias y de seguimiento para las personas juzgadoras electas mediante voto popular.
Posteriormente, el 13 de octubre, el Pleno del TDJ aprobó el acuerdo para iniciar específicamente la evaluación de Hernández Hernández. Al día siguiente, se formalizó el aviso correspondiente mediante un oficio emitido por el titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, Jorge Sebastián Martínez Ladrón de Guevara.
Según el recurso, la magistrada tuvo conocimiento de esa notificación el 21 de octubre, a las 10:40 horas, al revisar su correo electrónico institucional, y cinco días después presentó la impugnación.
Pide anular la evaluación
Entre sus solicitudes, la presidenta del TSJ pidió que el Tribunal de Disciplina Judicial reconozca la procedencia del recurso y deje sin efectos el procedimiento de evaluación, al señalar presunta falta de competencia, violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como deficiencias en los criterios aplicados.
También solicitó que el asunto sea resuelto a la brevedad para evitar que la demora afecte su derecho a una tutela judicial efectiva.
Para el trámite del recurso de impugnación innominado, designó como representantes legales a Raymundo Pérez Gil Cervantes y Francisco Cuevas Martínez.
La controversia pone en discusión el alcance de las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial para evaluar a la titular de la presidencia del Poder Judicial de Veracruz, así como la pertinencia de aplicar a ese cargo los mismos parámetros establecidos para quienes realizan funciones jurisdiccionales.
