Por Rebeca Solano
Jorge Amílcar Olán, empresario tabasqueño y cercano a Andrés y Gonzalo López Beltrán, es señalado en una investigación periodística por presuntamente beneficiarse de contratos millonarios durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mediante supuestas redes de tráfico de influencias.
De acuerdo con una publicación de Código Magenta, Olán habría obtenido contratos para suministrar balastro al Tren Maya y al Ferrocarril Interoceánico, así como medicamentos al IMSS y a gobiernos estatales de Morena, particularmente Tabasco y Quintana Roo.
El reportaje, firmado por Ramón Alberto Garza, señala que en estas operaciones presuntamente habrían intervenido Adán Augusto López Hernández y Audomaro Martínez, quienes habrían facilitado el acceso del empresario a contratos públicos.
Entre los negocios bajo escrutinio también se encuentran la compra de terrenos cercanos a la refinería de Dos Bocas, adquisiciones inmobiliarias en Tabasco y Ciudad de México, así como operaciones financieras y transferencias internacionales que, según la publicación, son objeto de investigación.
Asimismo, el expediente referido por Código Magenta menciona presuntos vínculos de Olán con la red de huachicol fiscal, así como con personajes investigados por el tráfico ilegal de combustibles.
La investigación también retoma grabaciones difundidas por Mexicanos contra la Corrupción, en las que presuntamente se escucha a Olán hablar sobre acuerdos para explotar minas de balastro en Oaxaca y cumplir compromisos de suministro para los proyectos ferroviarios del gobierno federal.
En los audios se hacen referencias a Gonzalo López Beltrán, conocido como “Bobby”, y a supuestos contactos con personas relacionadas con grupos criminales en el sur de Veracruz.
El reportaje sostiene que las operaciones habrían permitido el enriquecimiento de empresarios cercanos a los hijos del expresidente, a través de contratos, propiedades y movimientos financieros.
Hasta el momento, los señalamientos descritos corresponden a investigaciones y acusaciones periodísticas, por lo que no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad penal.
