AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Lo que hoy está ocurriendo en México no admite lecturas ingenuas ni interpretaciones fragmentadas, porque los hechos —aparentemente dispersos— responden a una misma lógica de poder que ha dejado de ocultarse y que opera con una claridad brutal: concentrar control, blindar intereses y neutralizar cualquier posibilidad de contrapeso real. No es un desorden accidental del sistema, es su reconfiguración deliberada; no es una suma de errores, es una forma de gobierno que ha decidido sustituir el Estado de derecho por un esquema funcional a quienes lo administran.
El incendio en Dos Bocas no es un incidente técnico ni un evento aislado que deba analizarse desde la óptica operativa de una refinería; es la manifestación tangible de un modelo que ha privilegiado la opacidad sobre la rendición de cuentas, la improvisación sobre la planeación y la propaganda sobre los resultados. Lo que ahí arde no es únicamente infraestructura estratégica, es la evidencia de decisiones políticas que han debilitado capacidades institucionales y que hoy exhiben sus consecuencias sin posibilidad de ocultamiento.
Pero reducir la discusión a ese punto sería, en sí mismo, una forma de minimizar el problema. El país entero muestra signos de ese mismo deterioro estructural. En el ámbito legislativo, la velocidad con la que se impulsan reformas —muchas de ellas con claros rasgos regresivos— no responde a un ejercicio democrático de construcción normativa, sino a una lógica de blindaje político, de cierre de espacios institucionales y de aseguramiento de control futuro. No es técnica legislativa, es una arquitectura diseñada para permanecer, incluso cuando el contexto político cambie.
Esa misma lógica se replica en los territorios, donde la distancia entre gobierno y ciudadanía ya no es política, sino estructural. Veracruz es hoy una radiografía precisa de ese fenómeno. En Chicontepec, más de cincuenta comunidades han sostenido durante días un bloqueo carretero en el tramo Potrero del Llano–Álamo, no como acto de presión caprichosa, sino como recurso extremo ante el incumplimiento de compromisos básicos: caminos transitables, condiciones mínimas de movilidad, presencia efectiva de la autoridad. No están pidiendo privilegios, están exigiendo lo elemental.
La respuesta del Estado no ha sido el diálogo ni la presencia directa de quien asumió públicamente esos compromisos, sino el despliegue de granaderos. La señal es inequívoca: frente a la exigencia social, el gobierno responde con contención, no con contta. Se envía fuerza donde debería haber solución, se coloca presión donde debería existir interlocución y se normaliza una práctica que, en términos políticos, resulta profundamente peligrosa: convertir la protesta en un problema de seguridad.
Ese mismo patrón de encubrimiento y control se observa en la procuración de justicia. El paso de Ernestina Godoy no puede analizarse desde la formalidad del cargo, sino desde los efectos de su actuación: selectividad en la persecución penal, omisiones frente a casos políticamente sensibles y una constante operación institucional orientada a contener, no a investigar. La fiscalía, en ese contexto, dejó de ser un órgano autónomo para convertirse en una barrera de protección frente a hechos que, de haberse procesado con rigor, habrían tenido consecuencias mayores.
En ese entorno aparecen figuras que, sin ocupar cargos formales, gravitan en el poder con una influencia incuestionable: Andrés Manuel López Beltrán y José Ramón López Beltrán. El punto no es su condición personal, sino el blindaje sistemático que rodea cualquier señalamiento relacionado con sus entornos y decisiones. Lo que en un sistema funcional detonaría investigaciones exhaustivas, aquí se diluye en silencio institucional, en expedientes que no avanzan y en interpretaciones jurídicas diseñadas para no tocar el fondo del asunto.
La consecuencia de ese esquema es devastadora: se consolida una justicia diferenciada, una que protege a quienes están dentro del círculo de poder y otra que se aplica con todo rigor al resto. Y cuando esa lógica se instala, el sistema deja de ser confiable no por un caso aislado, sino por la acumulación de decisiones que evidencian un patrón sostenido de impunidad.
Paralelamente, la política energética y exterior muestran otra arista del mismo problema. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se ha mantenido el envío de recursos estratégicos —particularmente petróleo— y apoyo denominado humanitario hacia el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Más allá del discurso diplomático, la pregunta es obligada: ¿qué lógica justifica destinar recursos públicos a sostener a otro régimen cuando el propio país enfrenta carencias estructurales evidentes?
No es una discusión ideológica, es una cuestión de prioridades. Mientras comunidades enteras carecen de infraestructura básica, servicios eficientes o condiciones mínimas de desarrollo, los recursos nacionales se orientan hacia decisiones que no generan beneficios tangibles para la población. La narrativa oficial habla de solidaridad; la realidad evidencia una reasignación cuestionable en un contexto de múltiples crisis internas.
Cuando se conectan todos estos elementos —infraestructura fallando, reformas aceleradas, protestas contenidas con fuerza pública, fiscalías que no investigan y decisiones políticas opacas en el uso de recursos estratégicos— lo que emerge no es una coincidencia, sino un modelo. Un modelo donde la ley deja de ser límite para convertirse en herramienta, donde la rendición de cuentas es sustituida por lealtades y donde el poder se organiza para protegerse a sí mismo.
Decir que nada funciona deja de ser una exageración cuando lo que se observa es un patrón consistente de deterioro. Ocho años han sido suficientes para desmontar equilibrios institucionales y para instalar una lógica donde el retroceso se presenta como transformación. Y lo más grave no es solo lo que ya ocurrió, sino lo que se está consolidando hacia adelante: un entorno donde el abuso institucional deja de ser excepción y comienza a operar como regla.
El país no se está incendiando únicamente en sus instalaciones estratégicas. Se está incendiando en la confianza pública, en la relación entre ciudadanía y Estado, en la capacidad de las instituciones para responder a quienes deberían proteger. Y cuando ese incendio deja de ser atendido y comienza a ser administrado políticamente, lo que queda no es solo un saldo de crisis acumuladas, sino la configuración de un país donde la impunidad no es un fallo del sistema, sino su condición de funcionamiento.
