Desapariciones/XEU
POr Julio Altamirano
Una revisión de 27 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) documentó la participación de policías estatales y otras corporaciones de seguridad en casos de desaparición forzada, así como omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante las investigaciones.
Entre 2016 y 2026, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue señalada en 26 de las 27 recomendaciones, equivalente al 96.2 por ciento de los casos. Por su parte, la FGE aparece en 21 expedientes, es decir, en 77.7 por ciento.
Los documentos muestran que las irregularidades han ocurrido durante distintas administraciones estatales y que, en varios casos, además de desaparición forzada se acreditaron hechos relacionados con tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, afectaciones a la integridad y falta de debida diligencia.
SSP aparece en 26 expedientes
La CEDHV emitió las 27 recomendaciones después de acreditar violaciones graves a derechos humanos, entre ellos el derecho a no sufrir desaparición forzada, a la vida, a la integridad personal y al acceso a la justicia.
En 20 expedientes fueron señaladas de manera conjunta la SSP y la FGE, debido a casos en los que la desaparición fue atribuida a elementos policiales y posteriormente se documentaron omisiones o retrasos de las autoridades ministeriales.
La mayor cantidad de recomendaciones se emitió en 2019, con cinco casos, mientras que durante 2026 se han emitido dos resoluciones.
Casos abarcan varias regiones
Entre los expedientes se encuentra la Recomendación 03/2018, relacionada con siete personas privadas de la libertad por elementos de la SSP en 2012, en Cardel, municipio de La Antigua. Sus restos fueron posteriormente localizados en Colinas de Santa Fe.
También destaca la Recomendación 170/2020, referente a la desaparición forzada de cuatro personas en Coatzacoalcos en 2015, en el contexto del operativo Blindaje Coatzacoalcos.
Otros casos documentados corresponden a Tierra Blanca, Boca del Río, Omealca, Potrero, Cardel y otras regiones del estado, con señalamientos contra corporaciones de seguridad y autoridades encargadas de investigar.
Persisten omisiones en investigaciones
Anaís Palacios, defensora de derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que durante determinados periodos las desapariciones forzadas pudieron constituir prácticas coordinadas por agentes del Estado.
Explicó que el delito de desaparición forzada fue incorporado al Código Penal de Veracruz hasta julio de 2014, mientras que la Fiscalía Especializada en la materia comenzó funciones en marzo de ese mismo año.
Posteriormente se creó la Comisión Estatal de Búsqueda y en 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición.
Palacios advirtió que, aunque anteriormente existían limitaciones legales y técnicas, esto no justifica la falta de diligencia de las autoridades, particularmente cuando se retrasaron acciones fundamentales para localizar e identificar a las víctimas.
Uno de los casos más graves aparece en la Recomendación 63/2019, donde un joven desaparecido en 2015 fue localizado sin vida meses después. Aunque la Fiscalía contaba con el perfil genético de su madre, el cuerpo fue enviado a una fosa común como persona no identificada y la familia tardó un año y siete meses en recibir la notificación de la identificación.
Recomendaciones no son vinculantes
Otro obstáculo señalado es que las recomendaciones de la CEDHV no tienen carácter vinculante, por lo que las dependencias pueden rechazarlas o aceptarlas parcialmente.
La aceptación total puede permitir el reconocimiento formal de las víctimas, la reapertura de líneas de investigación y medidas de reparación económica, médica y psicológica, entre otras acciones.
Sin embargo, cuando existe rechazo o aceptación parcial, pueden quedar pendientes aspectos relacionados con la responsabilidad de las autoridades y la reparación integral del daño.
Las familias pueden recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando consideran que la actuación de las instituciones estatales no fue adecuada.
Familias exigen verdad y justicia
Palacios también llamó a ampliar la estrategia de búsqueda y evitar que esta se limite únicamente a la localización de fosas clandestinas, pues consideró necesario fortalecer las investigaciones para conocer qué ocurrió con las personas desaparecidas y quiénes fueron los responsables.
A casi 15 años de la organización de colectivos de familiares en Veracruz, las recomendaciones de la CEDHV evidencian que la desaparición de personas continúa siendo un problema que ha atravesado diferentes gobiernos.
Las familias mantienen tres exigencias principales: verdad, localización y justicia.
