Por Redacción
Tres veracruzanos, Jesús Octavio García González, Pedro Pablo Chirinos Benítez y Juan Manuel Vázquez Barajas, fueron señalados por el periodista Marco Aguirre, en su columna Místicos y Terrenales, por presuntos vínculos con los conflictos y señalamientos de corrupción que involucran al Instituto Nacional Electoral (INE), durante la gestión de su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
En su publicación, el periodista expone los antecedentes profesionales y políticos de los tres personajes, así como sus presuntas relaciones con funcionarios y actores políticos de Morena, entre ellos el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna.
Uno de los casos abordados es el de Pedro Pablo Chirinos Benítez, egresado de la Universidad Cristóbal Colón, quien ocupó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Sonora entre 2017 y 2020. De acuerdo con la columna, durante su trayectoria tuvo vínculos con el PAN y posteriormente con Morena, además de representar a Fuerza por México ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.
A su regreso a la entidad, también participó en actividades de representación partidista y respaldó las aspiraciones políticas de Rocío Nahle. Posteriormente, se incorporó al INE por invitación de Guadalupe Taddei, donde colaboró con la presidencia y la Secretaría Ejecutiva.
Otro de los señalados es Jesús Octavio García González, originario de Xalapa, quien anteriormente ocupó cargos en el ámbito electoral de Veracruz y después se desempeñó como representante de empresas proveedoras de materiales electorales.
La columna refiere que García González participó en procesos de licitación en Jalisco, Campeche y Morelos, en representación de compañías como Cajas Graf y Corporativo Zeg. También menciona una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del INE, en la que se habría incluido un poder otorgado por Corporativo Zeg a su favor.
El periodista cuestiona que, mientras presuntamente mantenía vínculos con una empresa proveedora, García González ocupaba desde septiembre de 2025 el cargo de encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE. Asimismo, plantea dudas sobre posibles conflictos de interés y el favorecimiento a determinadas compañías.
El tercer caso corresponde a Juan Manuel Vázquez Barajas, exconsejero del OPLE Veracruz, quien ocupó ese cargo entre 2015 y 2021 y posteriormente se desempeñó en el área de Asuntos Jurídicos del INE.
Según Aguirre, Vázquez Barajas habría intervenido en la validación jurídica de contratos otorgados a empresas relacionadas con los señalamientos de corrupción. También refiere cuestionamientos de otros consejeros por su actuación en decisiones internas y por sus presuntos vínculos con Sergio Gutiérrez Luna.
Sergio Gutiérrez Luna y Adán Augusto, en el entorno de Taddei
En otro apartado, el columnista señala la cercanía política entre Guadalupe Taddei y Sergio Gutiérrez Luna, a quien atribuye haber promovido, el 30 de octubre de 2024, una reserva legislativa para ampliar las facultades de la presidenta del INE en la designación de funcionarios, sin consultar al conjunto del Consejo General.
La propuesta generó inconformidad entre integrantes del organismo electoral y derivó en una controversia constitucional impulsada por seis consejeros.
Asimismo, recuerda el episodio del 4 de abril de 2023, cuando, horas después de asumir la presidencia del INE, Taddei recibió una invitación del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para sostener una reunión en esa dependencia.
La invitación provocó diferencias entre los consejeros electorales, quienes finalmente decidieron que el encuentro, relacionado con protocolos de seguridad para los comicios de Coahuila y el Estado de México, se realizara en las instalaciones del propio INE.
En su análisis, Marco Aguirre plantea que las relaciones políticas, los nombramientos y la asignación de contratos deben ser revisados para garantizar la autonomía, imparcialidad y transparencia del organismo electoral.
Los señalamientos forman parte de una columna de opinión y análisis periodístico, por lo que las presuntas irregularidades y relaciones descritas no deben considerarse hechos judicialmente acreditados.
