Por Alfredo Griz.
El discurso del control y la geografía del caos
Veracruz no es un estado más en el mapa del crimen organizado. Es puerto, es frontera energética, es corredor carretero, es bisagra entre el sur productor y el norte consumidor. Quien gobierna Veracruz gobierna una de las arterias más codiciadas del país. Y, sin embargo, en lo que va de la administración de Rocío Nahle, el estado sigue atrapado en una contradicción estructural: el discurso de la reducción del delito frente a una violencia que no cede y una corrupción que no se toca.
El gobierno presume coordinación, cifras a la baja y operativos. En paralelo, el territorio exhibe otra contabilidad: extorsión generalizada, control criminal de economías locales, homicidios selectivos, desapariciones y una impunidad que supera el 90% en delitos de alto impacto.
La pregunta no es si hay violencia. La pregunta es por qué, con el control político absoluto del estado, la violencia sigue administrándose y no desmantelándose.
Los números que no se presumen
En el primer tramo del actual gobierno, los registros oficiales muestran:
• Miles de homicidios dolosos acumulados, con concentraciones persistentes en el norte y sur del estado.
• Extorsión como delito dominante: comercios, transportistas, taxistas, ganaderos y pequeños empresarios pagan cuotas sistemáticas. La cifra negra supera el 90%.
• Desapariciones continuas, con Veracruz entre los primeros lugares nacionales en personas no localizadas.
• Secuestro y cobro de piso como instrumentos de control territorial, no como delitos aislados.
• Armas de alto poder aseguradas de manera recurrente, lo que confirma presencia operativa de estructuras criminales, no simples bandas.
Estos datos conviven con comunicados oficiales que hablan de “tendencias a la baja”. La trampa estadística es conocida: menos denuncias no equivalen a menos delitos. En Veracruz, denunciar sigue siendo un acto de riesgo.
La corrupción como sistema, no como anomalía
El eje central del problema no es únicamente el narcotráfico. Es la corrupción institucional que permite su operación.
En Veracruz, la corrupción no aparece en escándalos aislados; se manifiesta como mecanismo de gobernabilidad informal:
• Policías municipales infiltradas o cooptadas, algunas desarmadas por el propio Estado y luego rearmadas sin depuración real.
• Mandos regionales que rotan sin explicación pública, pese a que la violencia permanece intacta en sus zonas.
• Ayuntamientos bajo sospecha permanente, donde el crimen impone candidatos, recauda impuestos ilegales y decide quién abre y quién cierra un negocio.
• Fiscalías que no judicializan, carpetas que se acumulan, órdenes de aprehensión que no se ejecutan.
La corrupción no se investiga porque investigarla implicaría romper pactos. Y romper pactos, en Veracruz, tiene costos políticos y personales.
Rocío Nahle: poder absoluto, responsabilidades absolutas
Rocío Nahle llegó al gobierno con una narrativa de orden, disciplina y control. Tiene mayoría política, control presupuestal y respaldo federal. No gobierna en minoría ni bajo asedio institucional. Por eso, cada omisión pesa más.
Hasta ahora, su administración ha optado por:
• Negar la dimensión estructural de la extorsión, reduciéndola a casos aislados.
• Cerrar filas discursivas cuando la violencia exhibe fallas operativas.
• Señalar al pasado mientras el presente reproduce las mismas dinámicas.
• Presumir coordinación federal sin resultados sostenidos en los territorios más violentos.
El problema no es la ausencia de operativos. Es la ausencia de golpes financieros, judiciales y políticos contra las redes que sostienen al crimen. No hay grandes estructuras desmanteladas, no hay alcaldes procesados en funciones, no hay mandos policiacos de alto nivel sentenciados.
Eso no es falta de información. Es decisión política.
El narcotráfico: Veracruz como nodo, no como excepción
En los análisis de inteligencia que circulan fuera del discurso público, Veracruz aparece como:
• Territorio de disputa simultánea de al menos cuatro organizaciones criminales de alcance nacional.
• Ruta estratégica para drogas sintéticas, cocaína, armas y migrantes.
• Zona clave para lavado de dinero, a través de comercio, transporte, construcción y economías locales.
Nada de esto ocurre sin protección institucional mínima. El narcotráfico no necesita gobernadores aliados; le basta con gobiernos que no estorben.
La sombra internacional
En los círculos de seguridad se da por hecho que agencias estadounidenses monitorean de manera constante a Veracruz. No por ideología, sino por logística: puertos, rutas y flujo financiero.
No hay anuncios públicos, pero sí intercambio de información, perfiles en observación y mapas de riesgo. Veracruz está en ellos. No por voluntad política local, sino por fallas persistentes en el control territorial y financiero.
El costo real: miedo, silencio y normalización
El resultado es un estado donde:
• El comerciante paga.
• El transportista negocia.
• El taxista obedece.
• El ciudadano calla.
• El gobierno comunica.
La violencia se vuelve paisaje y la corrupción, procedimiento. El crimen no busca tomar el poder; ya opera dentro de sus grietas.
Gobernar no es administrar cifras
Rocío Nahle gobierna Veracruz con poder suficiente para cambiar el rumbo. Si no lo hace, no es por falta de herramientas, sino por límites autoimpuestos.
En Veracruz, la corrupción no es un escándalo pendiente. Es el andamiaje invisible que sostiene la estabilidad aparente. Y mientras no se toque ese andamiaje, la violencia seguirá siendo funcional.
Porque en este estado, hoy, la sangre no contradice al poder: lo sostiene.
