Ernestina Ascencio Rosario
Por Rebeca Solano
A dos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, el Estado mexicano no ha presentado una hoja de ruta para cumplir las medidas ordenadas, denunciaron familiares y organizaciones acompañantes.
El fallo, emitido el 16 de diciembre de 2025, responsabiliza internacionalmente al Estado por la agresión sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio, indígena náhuatl de 73 años originaria de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica. De acuerdo con lo acreditado en el proceso internacional, las agresiones cometidas en 2007 por integrantes del Ejército mexicano, sumadas a la falta de atención médica adecuada y oportuna, derivaron en su fallecimiento.
Desde el día siguiente a la notificación de la sentencia, las organizaciones litigantes solicitaron formalmente al Estado un plan con acciones concretas, cronograma y responsables definidos para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte; sin embargo, hasta el momento no existe una propuesta oficial, lo que —advirtieron— retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación integral.
La resolución fue considerada histórica al establecer no sólo la responsabilidad por la agresión, sino también por la intervención indebida de altas autoridades que contribuyeron a la impunidad, así como por barreras lingüísticas y discriminación por razones de género, etnia y edad, que impidieron el acceso real a la justicia. La Corte determinó que estos hechos vulneraron además el derecho a la verdad de los familiares y de la sociedad.
Entre las medidas ordenadas se encuentran:
- Una investigación penal exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.
- Atención médica, psicológica y/o psiquiátrica para los familiares.
- Un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Programas de capacitación a funcionarios públicos.
- El fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa.
- La creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
El pronunciamiento fue suscrito por diversas organizaciones, entre ellas Robert F. Kennedy Human Rights y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, así como colectivos nacionales de defensa jurídica y de derechos de mujeres indígenas.
A 19 años de los hechos, la familia sostiene que la sentencia representa un avance en el reconocimiento de la verdad, pero recalca que sin un plan público con metas claras y plazos definidos, el cumplimiento integral sigue pendiente. La verdad ha sido reconocida en el ámbito internacional; ahora, afirman, corresponde al Estado convertir esa resolución en justicia efectiva.
