Por Silvia Núñez Hernández
El poder tiene una extraña costumbre: tarde o temprano termina enseñando el cobre. No importa cuántos años se construya una imagen de cercanía con la gente, de sensibilidad social o de compromiso con los derechos de los trabajadores; llega el momento en que las decisiones revelan quién es realmente quien ocupa el cargo. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con Daniela Griego, una política que hoy muestra una faceta que pocos imaginaban.
Fue diputada local y posteriormente directora del Instituto de Pensiones del Estado. Su desempeño podrá ser materia de distintas opiniones, pero nunca se le conoció como una funcionaria que recurriera a la intimidación, a la violencia laboral o al uso del aparato gubernamental para enfrentar a los trabajadores. Por eso resulta tan sorprendente verla ahora convertida en el centro de una decisión que, lejos de transmitir sensibilidad, proyecta la imagen de un gobierno dispuesto a pasar por encima de las personas con tal de cumplir una estrategia administrativa.
No es menor lo ocurrido. Estamos hablando de alrededor de 190 trabajadores que, de acuerdo con las denuncias públicas, fueron separados de sus funciones y desalojados con presencia policiaca. La sola imagen de empleados públicos siendo retirados de esa manera resulta incompatible con el discurso humanista que durante años ha defendido el movimiento político al que pertenece. Quien llega al poder prometiendo poner siempre a las personas en el centro de las decisiones no puede terminar resolviendo los conflictos laborales con policías en la puerta.
Todavía más grave resulta conocer qué es lo que desaparece bajo el argumento de reducir gastos. No son oficinas burocráticas sin utilidad social. Se trata de áreas relacionadas con el alumbrado público, la cultura física, el medio ambiente, la terapia de lenguaje y los servicios para personas amputadas. Es decir, otra vez los recortes terminan golpeando precisamente aquellos espacios que atienden necesidades de la población. Siempre parece existir dinero para otras prioridades, pero nunca para conservar programas que benefician directamente a los ciudadanos.
Cada trabajador despedido representa mucho más que un nombre eliminado de una nómina. Detrás de cada uno existe una familia que depende de ese ingreso, hijos que estudian, personas con créditos, adultos mayores que requieren medicamentos y hogares completos que hoy enfrentan una incertidumbre que pudo haberse evitado mediante el diálogo. Gobernar no consiste únicamente en equilibrar presupuestos; gobernar también implica medir el impacto humano de cada decisión. Cuando esa sensibilidad desaparece, el poder deja de ser un instrumento de servicio para convertirse en una maquinaria fría que aplasta a quienes debería proteger.
Si además resulta cierto lo que denuncian los propios trabajadores respecto del papel asumido por algunos sindicatos, la decepción es todavía mayor. Quienes durante años aportaron cuotas esperando contar con una representación firme hoy sienten que fueron abandonados precisamente cuando más necesitaban respaldo. Un sindicato que no defiende a sus agremiados en el momento más difícil pierde la razón misma de su existencia.
También preocupa el mensaje que comienza a instalarse entre quienes fueron despedidos. Muchos afirman que acudirán a los tribunales únicamente porque no les queda otra alternativa, pero convencidos de que difícilmente obtendrán justicia frente a un gobierno respaldado por el poder político. Independientemente del desenlace de esos juicios, esa percepción representa una señal de alarma para cualquier Estado de Derecho. Cuando los ciudadanos dejan de creer que las instituciones pueden protegerlos frente a los abusos del poder, la democracia empieza a perder uno de sus pilares fundamentales.
El problema para Daniela Griego no será únicamente enfrentar demandas laborales. Tendrá que cargar también con el costo político y moral de una decisión que contradice el discurso que durante años representó. Porque las campañas se ganan hablando de justicia, de derechos y de dignidad para los trabajadores, pero los gobiernos son juzgados por los hechos, no por los discursos. Y los hechos terminan pesando mucho más que cualquier conferencia de prensa o boletín oficial.
Los cargos públicos son pasajeros. El poder también. Lo único que permanece es la memoria de quienes fueron afectados por las decisiones de quienes gobernaron. Las familias que hoy perdieron su fuente de ingresos difícilmente olvidarán quién firmó esas determinaciones. Tampoco lo harán quienes vean desaparecer servicios públicos indispensables mientras se les explica que todo obedece a una política de austeridad.
Porque una cosa es administrar un municipio y otra muy distinta hacerlo perdiendo de vista a las personas. Al final, la historia no suele recordar a los gobernantes por los discursos que pronunciaron, sino por las decisiones que tomaron cuando tuvieron el poder en sus manos. Y cuando ese poder termina ejerciéndose contra los propios trabajadores, el cobre deja de ser una metáfora para convertirse en el sello con el que una administración será recordada.
