Litigio amenaza terreno del WTC
Por Mura Donaji
La historia del terreno sobre el que el Gobierno de Veracruz invierte 150 millones de pesos para remodelar y ampliar el World Trade Center (WTC) está lejos de haber terminado.
Mientras maquinaria y trabajadores avanzan sobre el predio Collado y Boticaria, en Boca del Río, la justicia federal volvió a poner sobre la mesa el conflicto que durante más de una década ha enfrentado al Gobierno de Veracruz con Gustavo Ariel Parente Sánchez, exdirector técnico de los Tiburones Rojos.
El 12 de agosto de 2026, la jueza del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Bárbara Valeria Rosas Sifuentes, emitió un nuevo acuerdo dentro del juicio de amparo 1323/2024, mediante el cual ordenó a las autoridades responsables cumplir estrictamente la sentencia de amparo.
El origen de esta nueva orden judicial está en el laudo laboral 995/2005/2-I-B, dictado a favor de Parente Sánchez y cuya ejecución ha permanecido entrampada durante años.
De acuerdo con el acuerdo judicial del 12 de agosto, Parente Sánchez presentó un escrito para exigir nuevamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.
La respuesta de la jueza fue contundente: las autoridades deberán acreditar el cumplimiento cabal de la sentencia protectora.
Entre las medidas que deben adoptar se encuentra girar de inmediato el exhorto necesario para lograr la traba de los bienes embargados, además de realizar las diligencias necesarias para conseguir la ejecución efectiva del laudo.
No se trata de una nueva demanda para determinar si Parente Sánchez tiene o no derecho a cobrar, sino que el conflicto se encuentra en otra etapa: hacer efectivo un derecho que ya fue reconocido judicialmente.
En la primera entrega de un reportaje publicado en QUE Noticias, se documentó que entre los bienes sujetos al procedimiento de embargo se encuentran terrenos propiedad del Gobierno del Estado, entre ellos un polígono relacionado con el complejo del World Trade Center de Veracruz.
El acuerdo del 12 de agosto establece que, en caso de existir trámites incidentales, como una planilla de liquidación, deberán respetarse los plazos establecidos por la legislación laboral.
La autoridad judicial también recordó la obligación de emplear los medios de apremio previstos en la Ley Federal del Trabajo y de garantizar que las autoridades ejecutoras y vinculadas acaten las determinaciones necesarias para cumplir el laudo.
En caso de que las autoridades no cumplan o no justifiquen debidamente las razones de la demora, se les impondrá una multa y el expediente será remitido al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para iniciar el procedimiento correspondiente por inejecución de sentencia.
Esto significa que el expediente continúa vigente y la justicia federal mantiene la presión para que la resolución se materialice.
La resolución laboral de 2013 estableció inicialmente una condena de 58 millones 481 mil 434.47 pesos. Sin embargo, la prolongación del conflicto, los conceptos derivados de la condena y las actualizaciones han provocado que la cantidad reclamada haya aumentado considerablemente.
Mientras la deuda continúa siendo materia de litigio y ejecución, el Estado mantiene la inversión de recursos públicos en proyectos relacionados con instalaciones ubicadas dentro del entorno jurídico del conflicto.
La situación plantea una interrogante sobre el futuro de la obra: ¿qué ocurrirá con una inversión pública de 150 millones de pesos si los bienes que pretenden garantizar el pago del laudo deben ser efectivamente ejecutados?
El acuerdo judicial no ordena suspender automáticamente la construcción ni significa que el WTC vaya a ser rematado de manera inmediata. Sin embargo, sí confirma que la controversia patrimonial continúa jurídicamente activa y que las autoridades tienen instrucciones concretas para avanzar en la ejecución del laudo.
La nueva orden federal también genera cuestionamientos sobre qué acciones realizaron las autoridades veracruzanas para cumplir la sentencia de amparo de junio de 2025.
El conflicto, que comenzó como un pleito laboral entre un exdirector técnico y los antiguos responsables de los Tiburones Rojos, terminó involucrando el patrimonio estatal, una obra pública de 150 millones de pesos y el proyecto de regresar el fútbol profesional a Veracruz.
Por ahora, la ejecución del laudo permanece en manos de las autoridades correspondientes, mientras la justicia federal mantiene bajo vigilancia el cumplimiento de la resolución.
