Portacelis Gas and Oil
Por Rebeca Solano
Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada con el entorno empresarial de Amílcar Olán Aparicio, habría ingresado a México más de 83 millones de litros de diésel adicionales a los reportados oficialmente ante las autoridades aduaneras entre febrero y junio de 2025, de acuerdo con documentación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La compañía declaró 6.6 millones de litros transportados por ferrocarril, aunque las estimaciones derivadas de la investigación fiscal apuntan a que el volumen real habría rondado los 90 millones.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el SAT presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una declaratoria de perjuicio en la que solicitó ejercer acción penal por las operaciones de Portacelis.
El mecanismo detectado habría consistido en declarar en las aduanas un volumen de combustible menor al efectivamente introducido al país, lo que habría permitido omitir el pago de aproximadamente 834 millones de pesos en impuestos y derechos.
Los registros de comercio exterior indican que entre febrero y julio de 2025 Portacelis reportó formalmente la importación de 13 millones 654 mil litros de diésel mediante 150 operaciones, realizadas principalmente por las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y Veracruz. Parte del combustible fue adquirido a proveedores texanos como Brownsville GTR y MG Energy, esta última relacionada con una red investigada por presunto contrabando de combustibles.
De esas operaciones, 141 correspondieron a movimientos por ferrotanques entre el 9 de febrero y el 28 de junio de 2025, periodo en el que Portacelis declaró 6 millones 683 mil litros, valuados en 72.5 millones de pesos, cifra muy inferior al volumen que las autoridades estimaron que realmente cruzó la frontera.
Tomando como referencia la cuota del IEPS al diésel en 2025 (7.09 pesos por litro), más el IVA y un precio promedio de importación cercano a 11.5 pesos por litro, los 834 millones presuntamente omitidos equivaldrían a unos 83 millones de litros adicionales no declarados. Bajo esa estimación, Portacelis habría introducido cerca de 90 millones de litros en cinco meses.
Ese volumen también habría superado ampliamente la cantidad autorizada por la Secretaría de Energía. El 27 de septiembre de 2024, tres días antes de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la dependencia otorgó a Portacelis un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel desde Estados Unidos. Lo que presuntamente ingresó por ferrocarril habría excedido en aproximadamente 73% ese límite.
La investigación derivó además en que el SAT restringió y posteriormente canceló los Certificados de Sello Digital de la empresa, al no entregar los reportes de controles volumétricos de los hidrocarburos importados.
La Sala Regional en Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la legalidad de la actuación del SAT, en sentencia dictada el 15 de enero de 2026, firme desde el 5 de marzo. Sin un Certificado de Sello Digital vigente, la empresa no puede facturar legalmente la venta del combustible.
Portacelis impugnó desde agosto de 2025 la restricción de sus sellos digitales, pero durante el litigio reconoció que importaba diésel y que aún tramitaba la licencia requerida para sus controles volumétricos, pese a haber realizado ya numerosas operaciones. El tribunal declaró infundados sus argumentos.
Registros del SAT muestran que Portacelis tuvo tres Certificados de Sello Digital desde su constitución, todos revocados el 27 de junio de 2025. Aunque obtuvo una nueva Firma Electrónica Avanzada el 17 de junio de 2026, no cuenta con un sello digital activo.
La compañía fue constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco, y su administrador único es Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado por MCCI como contador de confianza de Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño relacionado públicamente con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán a partir de grabaciones difundidas por Latinus.
MCCI documentó que De la Cruz Murillo ha participado en otras sociedades beneficiadas con contratos públicos por más de 834 millones de pesos para el suministro de medicamentos, de los cuales 490 millones correspondieron al extinto Instituto de Salud para el Bienestar y 344 millones al IMSS, en operaciones con presuntos sobreprecios.
Otro elemento señalado es que el primer proveedor de combustible de Portacelis habría sido Ikon Midstream LLC, empresa de Houston relacionada con investigaciones por contrabando de hidrocarburos, cuyas instalaciones fueron cateadas por agentes federales estadounidenses en abril de 2026.
El caso es independiente de la suspensión de Portacelis del padrón de importadores, ocurrida el 1 de agosto de 2025, aunque ambos procedimientos comparten como trasfondo las discrepancias entre los volúmenes declarados y los efectivamente transportados.
