Deuda pública
Por Rebeca Solano
La deuda pública de México, en su expresión más amplia, al cierre de julio de 2026 alcanzó los 19.22 billones de pesos, 0.3% en términos reales por arriba de la cifra de 2025 y la más alta desde que se tiene registro. Si bien esto se puede leer como que la actual administración aplicó un esquema de consolidación fiscal para reducir el endeudamiento del país, la tendencia inercial del endeudamiento no pudo ser revertida; a lo mucho, le bajaron de velocidad.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos tributarios no petroleros (ISR e IVA, principalmente) han crecido sostenidamente, de forma tal que en 2025 representaron el 15.2% del Producto Interno Bruto, una cifra récord. No obstante, los compromisos por el lado del gasto han presionado en forma insistente, obligando a las autoridades a cuadrar el balance con más deuda.
Uno de los saltos más relevantes se aprecia en 2024, con un aumento de 11.9% en términos reales, la mayor alza desde 2015, año en que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) coincidió con el último año del gobierno de López Obrador.
La herencia de pasivos que recibió Claudia Sheinbaum explica su propuesta inmediata, al tomar las riendas del gobierno, sobre la necesidad de una consolidación fiscal. Las administraciones morenistas utilizaron el endeudamiento público como palanca para sostener sus amplios programas de gasto, y la mandataria entrante incorporó su propio sello con nuevos programas y proyectos.
En los comparativos internacionales se utiliza el monto de la deuda respecto al tamaño de la economía. El SHRFSP alcanzó 51.5% del PIB a julio de 2026, 1.1 puntos porcentuales menos que al cierre de 2025, pero por tercer año consecutivo se mantiene en sus niveles históricos más altos, y aún falta casi la mitad del año, periodo en que el gobierno ejerce la mayor parte del presupuesto.
Costo de la deuda y pensiones crecen sin freno
Dos rubros que presionan de forma sostenida el gasto son el costo financiero de la deuda y el gasto en pensiones y jubilaciones, ambos dentro del gasto no programable.
Entre enero y julio de 2026, el desembolso por costo financiero fue de 759 mil 369 millones de pesos, 4.9% inferior al del mismo periodo de 2025; sin embargo, de julio de 2015 al mismo mes de 2026, el aumento en la contratación, las renegociaciones y sobre todo el alza en las tasas de interés globales lo han disparado 95% en términos reales.
El gasto en pensiones y jubilaciones en los primeros siete meses del año fue de 990 mil 568 millones de pesos, un nivel récord en al menos una década, y seguramente superará el billón de pesos en agosto. El desembolso crece en promedio más de 5% anual en términos reales, y en los últimos once años aumentó 76% en términos reales.
Ante el abultamiento de las deudas, surgen ya opiniones en torno a la necesidad de una reforma para reducir la vulnerabilidad fiscal, que permita aumentar los ingresos fiscales sin elevar la carga sobre el sector formal, en detrimento de la competitividad y el crecimiento económico.
