Por Mura Donaji
El uso de aeronaves del Gobierno de Veracruz por parte de la gobernadora Norma Rocío Nahle García fue cuestionado debido a los vuelos registrados durante su administración hacia destinos como Palenque, Culiacán, Tamaulipas, Sonora, Mérida, Querétaro, Oaxaca, Acapulco y Monterrey.
De acuerdo con la información expuesta en una denuncia pública, durante la actual gubernatura se habrían contabilizado 195 vuelos realizados entre un avión Learjet y un helicóptero, con un acumulado de 89 horas y 31 minutos de vuelo y un recorrido superior a 22 mil 622 kilómetros.
En el caso del helicóptero, se señalan 150 vuelos, con aproximadamente 64 horas y dos minutos de vuelo y cerca de 9 mil 860 kilómetros recorridos.
Mientras que del avión Learjet se contabilizan 45 vuelos, equivalentes a 25 horas con 29 minutos de vuelo y 12 mil 762 kilómetros recorridos.
La información expuesta cuestiona particularmente los viajes recurrentes a Culiacán, Palenque, Ciudad Victoria, Tampico, Sonora y Nuevo León, y plantea la necesidad de conocer los motivos oficiales de cada traslado, las personas con las que se reunió la gobernadora y las actividades realizadas durante esas visitas.
También se cuestionó que el uso de las aeronaves oficiales ocurra bajo una administración que ha planteado como parte de sus principios la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos.
La denuncia pública exige que se den a conocer las bitácoras completas de vuelo y las agendas oficiales correspondientes a los traslados señalados, con el propósito de determinar si se trató de viajes oficiales o de carácter personal.
Asimismo, se plantearon cuestionamientos sobre los viajes realizados a Nuevo León, señalando que algunos podrían estar relacionados con visitas familiares, aunque no se presentan en el señalamiento pruebas que acrediten que dichos vuelos hayan tenido fines personales.
La información difundida también acusa directamente a la gobernadora de utilizar recursos públicos para viajes personales y de presuntos actos de corrupción; estos señalamientos forman parte de la denuncia pública y no constituyen por sí mismos hechos acreditados.
