Por Julio Altamrano
El Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) enfrenta una nueva advertencia judicial por el incumplimiento de una resolución laboral que ordena la reinstalación de ocho trabajadores despedidos desde 2009, así como el pago de las prestaciones que les corresponden.
De acuerdo con la información del expediente, si el organismo no cumple con el mandato judicial antes del próximo 28 de octubre, podría hacerse efectivo un arresto de 36 horas contra su titular, José Manuel Pozos del Ángel, además de imponerse una multa a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, por su responsabilidad dentro del órgano de gobierno de la institución.
El caso llegó al Poder Judicial de la Federación (PJF) luego de que los trabajadores promovieran un juicio de amparo para exigir el cumplimiento de un laudo laboral favorable que, pese a los años transcurridos, continúa sin ejecutarse.
Un conflicto laboral de 17 años
El conflicto se remonta a 2009, cuando ocho trabajadores fueron despedidos de INVIVIENDA. Tras un prolongado litigio, obtuvieron una resolución que condenó al organismo a reinstalarlos en sus puestos y cubrir las cantidades económicas adeudadas.
Sin embargo, la resolución permaneció sin cumplirse, por lo que los afectados promovieron en 2025 el amparo indirecto 922/2025 ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito, con sede en Xalapa.
Aunque inicialmente el juzgado sobreseyó el asunto, los trabajadores impugnaron la determinación. Posteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito resolvió el recurso de revisión 5/2026, revocó el sobreseimiento y concedió el amparo.
Según la descripción de la resolución proporcionada por los promoventes, el tribunal determinó que el derecho de acceso a la justicia no quedará plenamente garantizado mientras el laudo laboral no sea cumplido en su totalidad.
Nahle también fue requerida
La controversia también involucra a la gobernadora Rocío Nahle García, quien preside el órgano de gobierno de INVIVIENDA y designó a Pozos del Ángel como titular del organismo.
De acuerdo con la información del expediente, la mandataria fue vinculada al cumplimiento de la sentencia el pasado 14 de octubre, bajo apercibimiento de recibir una multa en caso de incumplimiento.
Por su parte, INVIVIENDA habría argumentado que no cuenta con espacios disponibles para reinstalar a los trabajadores y que realiza gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para conseguir los recursos necesarios.
No obstante, los promoventes sostienen que las dificultades administrativas y presupuestales no deben convertirse en una justificación indefinida para incumplir una resolución laboral firme.
El 28 de octubre, fecha decisiva
Conforme al apercibimiento referido por los trabajadores, el incumplimiento podría derivar en un arresto de 36 horas contra el titular de INVIVIENDA y una multa para la gobernadora, en caso de que las autoridades judiciales determinen aplicar las medidas de apremio correspondientes.
Los promoventes también señalaron que el secretario del Trabajo de Veracruz, Luis Arturo Santiago, estaría interviniendo en actuaciones relacionadas con la ejecución del fallo, un señalamiento que deberá valorarse conforme a las constancias y actuaciones del procedimiento.
El caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio el cumplimiento de las resoluciones laborales por parte de las instituciones públicas de Veracruz, particularmente cuando los trabajadores han tenido que recurrir durante años a distintas instancias para hacer efectivos sus derechos.
El próximo 28 de octubre será una fecha clave para determinar si INVIVIENDA cumple con la reinstalación y el pago de las prestaciones pendientes o si las autoridades judiciales avanzan hacia la aplicación de las medidas de apremio advertidas.
