Por Julio Altamirano
El Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) enfrenta una advertencia judicial para que reinstale a ocho trabajadores despedidos y cubra las prestaciones laborales pendientes, o de lo contrario podría hacerse efectivo un arresto de 36 horas contra su titular, José Manuel Pozos del Ángel.
De acuerdo con la información proporcionada por los promoventes, el plazo señalado para cumplir con la resolución vence el próximo 28 de octubre. Además, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, podría recibir una multa por su vinculación con el cumplimiento de la sentencia, ya que preside el órgano de gobierno de INVIVIENDA.
El conflicto laboral se remonta a 2009, cuando ocho trabajadores fueron despedidos de la dependencia. Tras un prolongado litigio, obtuvieron un laudo favorable que ordenó su reinstalación y el pago de las cantidades correspondientes.
Ante la falta de cumplimiento, los afectados promovieron en 2025 el amparo indirecto 922/2025 ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito, con sede en Xalapa. Posteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito revocó el sobreseimiento inicial y concedió el amparo mediante el recurso de revisión 5/2026.
Según la resolución descrita por los promoventes, el derecho de acceso a la justicia no quedará garantizado hasta que se cumpla íntegramente el laudo laboral.
Durante el procedimiento, INVIVIENDA habría argumentado que no cuenta con espacios disponibles para reinstalar a los trabajadores y que realiza gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para obtener los recursos necesarios.
Sin embargo, los trabajadores sostienen que esas dificultades no justifican que la resolución permanezca sin cumplirse indefinidamente.
Los promoventes también señalaron que el secretario del Trabajo, Luis Arturo Santiago, presuntamente estaría interviniendo en actuaciones relacionadas con la ejecución del fallo.
El próximo 28 de octubre será una fecha clave para determinar si INVIVIENDA cumple con la resolución o si las autoridades judiciales avanzan hacia la aplicación de las medidas de apremio anunciadas.
Hasta que exista una determinación judicial correspondiente, el arresto y la multa deben considerarse medidas advertidas, no sanciones ya ejecutadas.
