Por Rebeca Solano
- Nuevas grabaciones la vinculan con presuntos negocios millonarios
Nuevos audios difundidos por el portal Latinus han generado cuestionamientos sobre la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, por presuntos vínculos comerciales con el empresario Amílcar Olán, señalado en investigaciones periodísticas por sus negocios con el entorno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con las grabaciones, Olán habría hablado sobre contratos petroleros por alrededor de 22 mil millones de pesos relacionados con la administración de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, durante el periodo en que Nahle se desempeñó como secretaria de Energía.
En una de las conversaciones difundidas, el empresario menciona una reunión con Leonardo Cornejo, quien estuvo a cargo de la construcción de la refinería y posteriormente se incorporó al gobierno de Veracruz. Los audios también sugieren que Olán mantenía comunicación con funcionarios y operadores vinculados con proyectos públicos.
Las revelaciones se suman a otros señalamientos periodísticos sobre los negocios de Amílcar Olán con Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del exmandatario, en obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, así como en el suministro de medicamentos y materiales.
Otro punto que ha generado preocupación son las presuntas conversaciones sobre la adquisición de combustible de contrabando o huachicol para abastecer maquinaria y camiones utilizados en obras públicas. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos difundidos en investigaciones periodísticas y requieren corroboración por las autoridades competentes.
Las grabaciones también mencionan a Hernán Bermúdez Requena y a presuntos operadores relacionados con estructuras criminales en el sureste del país. Sin embargo, las referencias contenidas en los audios no constituyen por sí mismas una prueba judicial de responsabilidad penal para todas las personas mencionadas.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades tenían ubicado a Amílcar Olán, según declaraciones citadas en reportes periodísticos.
Los señalamientos colocan bajo escrutinio los contratos públicos, las relaciones empresariales y el posible uso de combustible ilegal en megaproyectos federales. Hasta que existan investigaciones concluidas y resoluciones judiciales, las presuntas irregularidades deben tratarse como acusaciones pendientes de comprobación.
El caso abre interrogantes sobre la asignación de contratos durante la construcción de Dos Bocas y otras obras públicas, así como sobre la posible participación de intermediarios empresariales en esos proyectos.
