Por Rebea solano

Una jueza admitió un amparo promovido por las madres buscadoras Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil contra la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y las 32 fiscalías estatales, por la presunta omisión de interconectar sus bases de datos con el Banco Nacional de Datos Forenses.

El recurso legal busca que las autoridades cumplan con la obligación de conectar sus bases de datos en tiempo real con el Banco Nacional de Datos Forenses, herramienta fundamental para la identificación de personas desaparecidas.

Como parte del procedimiento, la jueza otorgó un plazo de 48 horas a las autoridades para que informen sobre el estado que guarda la interconexión de sus respectivas bases de datos.

Las promoventes también presentaron un recurso de queja y solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción, con el objetivo de que el máximo tribunal del país analice la urgencia de que las fiscalías cumplan con sus obligaciones legales.

La petición se sustenta en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que establece disposiciones para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la exigencia de los colectivos de búsqueda para que las autoridades fortalezcan los mecanismos de coordinación e intercambio de información, con el propósito de agilizar la identificación de personas desaparecidas y brindar respuestas a sus familias.