AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Me hicieron llegar un contrato que hoy se pretende imponer a las y los trabajadores de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), y no hay forma de suavizarlo ni de interpretarlo con benevolencia: es un despropósito jurídico y humano de proporciones mayores, un documento que concentra, de manera casi obscena, violaciones a derechos laborales y humanos que configuran una de las expresiones más cínicas de explotación institucional que se hayan visto en Veracruz.
No estamos frente a un error técnico ni ante una deficiencia administrativa. Estamos frente a un modelo deliberado. Y sí, hay que decirlo sin rodeos: bajo la conducción política de Rocío Nahle García, la educación no solo está siendo mal administrada, está siendo utilizada como mecanismo de control y precarización, donde el conocimiento deja de ser un derecho y se convierte en pretexto para despojar de dignidad a quienes lo imparten.
Porque mientras el discurso oficial insiste en vender un Veracruz “de moda”, lo que realmente se está consolidando es un esquema donde el Estado evade sus responsabilidades laborales mediante contratos civiles que, en los hechos, encubren relaciones de trabajo plenamente configuradas. Y esto no es una interpretación política: es una lectura jurídica directa del contrato que se pretende obligar a firmar.
Desde su estructura, el documento es revelador. Se presenta como un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios, negando expresamente la existencia de una relación laboral. Sin embargo, en el desarrollo del propio contrato, la UPAV impone condiciones que encuadran perfectamente en los supuestos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo: existe subordinación, hay control institucional, se asignan funciones específicas dentro de la estructura educativa, se exige cumplimiento de lineamientos internos y se somete al trabajador a supervisión constante. Es decir, se niega en el papel lo que se ejecuta en la práctica.
Este no es un esquema novedoso, pero sí es particularmente brutal en su ejecución. No hay seguridad social. No hay estabilidad laboral. No hay prestaciones. Pero sí hay obligaciones reforzadas, sí hay control, sí hay exigencia de resultados y sí hay sanciones. Se obliga a cumplir como trabajador, pero se niega el reconocimiento como tal.
Y si eso no fuera suficiente, el contrato incorpora cláusulas que rayan en el abuso abierto. La propiedad intelectual de todo lo que el trabajador genere —material didáctico, investigaciones, contenido académico— pasa a ser propiedad exclusiva de la institución. Es decir, el Estado no solo explota la fuerza de trabajo, también se apropia del conocimiento sin contraprestación. A ello se suma la posibilidad de rescisión unilateral, en cualquier momento, sin responsabilidad para la UPAV, configurando un contrato leonino en toda su extensión.
Más grave aún es la contradicción institucional: se exige a los trabajadores cumplir con obligaciones propias de servidores públicos, como la presentación de declaración patrimonial conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero sin otorgarles los derechos laborales correspondientes. Se les trata como funcionarios cuando conviene, y como desechables cuando se trata de reconocerles derechos.
Pero el punto más delicado —y el más violento— es la reducción salarial que se pretende imponer. No se trata de una reconfiguración administrativa, se trata de una violación directa al régimen protector del salario. El artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo establece con claridad que el salario es la retribución que debe pagar el patrón por el trabajo, y su naturaleza es irrenunciable cuando se pretende disminuir en perjuicio del trabajador. A ello se suma el artículo 5, que declara nulas las estipulaciones que impliquen renuncia de derechos, y el artículo 51, fracción IV, que reconoce como causa de rescisión imputable al patrón la reducción del salario.
Es decir, para que no haya margen de interpretación: disminuir el salario de manera unilateral no solo es ilegal, es una conducta que genera responsabilidad directa y abre la vía para acciones legales contundentes.
Pero la desfachatez no se queda ahí. El esquema de pago condicionado al número de alumnos inscritos no es solo absurdo, es profundamente perverso. Convertir el salario en una variable dependiente de la captación de matrícula es trasladar el riesgo institucional al trabajador. Es desnaturalizar la relación laboral. Es convertir al docente en promotor, al académico en vendedor y al salario en una comisión incierta.
La ley es clara: el salario debe ser cierto, periódico y garantizado. No puede depender de factores externos que el trabajador no controla. Mucho menos puede sustituirse por mecanismos que rompen la estabilidad económica y colocan al trabajador en una condición de vulnerabilidad permanente.
Y entonces el discurso oficial se derrumba. Porque no se puede hablar de fortalecimiento educativo mientras se destruyen las condiciones mínimas de dignidad laboral. No se puede presumir transformación cuando lo que se implementa es regresión. No se puede hablar de justicia social mientras se institucionaliza la explotación.
Por eso el mensaje tiene que ser claro, directo y sin concesiones:
No firmen.
Firmar ese contrato es validar una simulación jurídica diseñada para despojar derechos. Es aceptar una reducción salarial ilegal. Es convalidar un modelo de explotación institucional.
Lo que corresponde no es firmar: es demandar.
Demandar el reconocimiento de la relación laboral real, la nulidad del contrato simulado, la restitución del salario íntegro, el pago de prestaciones omitidas, el acceso a seguridad social, el reconocimiento de la antigüedad y la incorporación formal al sistema educativo estatal
Porque el derecho no se negocia.
Se ejerce.
Y si algo queda claro en este momento es que, mientras desde el poder se insiste en imponer condiciones indignas, será en los tribunales donde esta historia tendrá que corregirse.
Porque la educación no se construye sobre la explotación.
Y si lo que pretende imponer Rocío Nahle García no es un Veracruz digno, sino uno sometido, precarizado y sin derechos, entonces hay que decirlo sin eufemismos: lo quiere de rodillas.
