Gobierno destinó 25 millones a colección de libros; distribución aún no se constata
Por Rebeca Solano
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destinó el año pasado 25 millones de pesos para la impresión de 2.5 millones de ejemplares de una colección de libros de autores latinoamericanos, con la finalidad de repartirlos gratuitamente en varios países de América Latina.
Según el informe 2025 presentado ante el Senado de la República, el proyecto denominado “25 para el 25” fue impulsado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y asignado a la editorial Fondo de Cultura Económica a petición de su director, Paco Ignacio Taibo II.
La iniciativa contempló la impresión de 100 mil ejemplares de 25 títulos, alcanzando un total de 2.5 millones de libros, que —según el documento oficial— estarían destinados a países como Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Cuba, Honduras y Perú, con el objetivo de “fomentar la lectura” y “recordar la cercanía cultural e histórica” entre las naciones latinoamericanas.
No obstante, hasta el momento no existe un registro público que confirme que la distribución de los libros se haya concretado en los países señalados, ya que el informe no especifica fechas de entrega, rutas de distribución ni un desglose por nación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la ejecución real del programa.
La colección incluye obras de escritores de gran reconocimiento como Gabriel García Márquez, Juan Gelman, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Raúl Zurita y otros autores latinoamericanos.
El programa busca acercar los libros a jóvenes de entre 13 y 25 años, según lo establecido en el documento gubernamental, aunque la falta de transparencia en la distribución ha abierto dudas sobre su implementación efectiva.
Además, el informe detalla otros recursos ejercidos por la Secretaría de Bienestar, como tres millones de pesos destinados al desarrollo de comunidades indígenas tarahumaras y más de 65 millones de pesos al IMSS como ayuda extraordinaria para familiares de mineros fallecidos en la mina de Pasta de Conchos, con la finalidad de “garantizar una mejor calidad de vida” a los beneficiarios.
