
Diego Fernando Bonilla, persona indígena Ñuhü de la Sierra Norte de Veracruz
Por Maria Fernández
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) emitió la Recomendación 17/2026 dirigida a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), tras acreditar actos de tortura contra Diego Fernando Bonilla, persona indígena Ñuhü de la Sierra Norte de Veracruz, cometidos por elementos de la Policía Ministerial.
Los hechos
El 29 de mayo de 2023, Diego Fernando presenció un homicidio en su comunidad, El Pericón, municipio de Texcatepec. Al día siguiente fue trasladado a la Fiscalía Itinerante de Huayacocotla para rendir su declaración. Ahí, de acuerdo con la resolución, fue privado arbitrariamente de la libertad y torturado para obligarlo a incriminar a otra persona.
Según el expediente, Diego se negó a declarar hechos que no presenció y denunció la tortura ante la intérprete presente en la diligencia. Sin embargo, fue obligado a firmar hojas en blanco, que posteriormente se utilizaron para fabricar una declaración que derivó en la detención de otra persona.
Queja y cierre de investigación
Con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, Diego presentó la queja DAI/0161/2023 ante la CEDHV y denunció penalmente los hechos ante la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura.
Aunque se inició la carpeta XAL/FIM/FEIDT/219/2023, en 2025 la autoridad determinó el cierre del caso, sin realizar —según la Comisión— una investigación diligente.
Recomendaciones
En su resolución del 16 de abril de 2026, la CEDHV documentó la tortura conforme al Protocolo de Estambul y concluyó que la Fiscalía incumplió su deber de investigar adecuadamente.
Entre las medidas recomendadas se encuentran:
- Reparación integral del daño, con atención médica y psicológica desde una perspectiva intercultural.
- Investigación efectiva contra los policías ministeriales señalados.
- Capacitación institucional en derechos de los pueblos indígenas.
Organizaciones firmantes urgieron a la Fiscalía estatal a aceptar y cumplir integralmente la recomendación, señalando que su implementación enviaría un mensaje claro contra la impunidad y contra la tortura, particularmente cuando se comete en agravio de personas indígenas.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado si aceptará formalmente la recomendación.
