Otorgan 20 permisos a casinos
Por Rebeca Solano
En el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación autorizó 20 permisos para operar casinos a la empresa Operadora Clíe, vinculada a redes empresariales relacionadas con la familia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien enfrenta acusaciones por asociación delictuosa, secuestro y extorsión.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que Nabor Castrejón, socio mayoritario de Operadora Clíe, compartió previamente un mismo permiso oficial con casas de apuestas ligadas a la familia Bermúdez.
De acuerdo con el reportaje, Castrejón utilizó el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 para operar el casino Epic en Michoacán. Ese mismo documento amparaba operaciones en línea como CrownCity y CityBets, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, donde figura como socio Humberto Bermúdez Requena, hermano del exfuncionario tabasqueño.
La constitución de dicha empresa fue atestiguada como notario por el hoy senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.
Asimismo, la empresa Diamante Casino operaba bajo el mismo permiso. Recientemente, la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó sanciones contra esta firma por presuntos nexos con el Cártel del Noreste.
Permisos vigentes hasta 2039
La autorización para los 20 nuevos centros de apuestas fue emitida el 1 de febrero de 2024 por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento de una sentencia de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivada del juicio 1681/19-17-08-5.
En ese momento, la Segob era encabezada por Luisa María Alcalde. Los permisos otorgados a Operadora Clíe tienen una vigencia de 15 años, por lo que expirarán en 2039.
Los documentos fueron firmados por Leonardo Manuel Figueroa Martínez, funcionario cercano a Alcalde durante los últimos seis años.
El caso abre cuestionamientos sobre los criterios de autorización y los posibles vínculos empresariales detrás de las concesiones otorgadas en la recta final de la pasada administración federal.
