Por Rebeca Solano
La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que establece límites a las deducciones de gastos empresariales, podría comprometer la operación de al menos 30 por ciento de las distribuidoras de vehículos en México y poner en riesgo alrededor de 70 mil empleos, advirtió Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
En entrevista, el representante del sector explicó que la modificación al artículo 78 B, fracción segunda, establece que las empresas únicamente podrán deducir hasta 96.67 por ciento de determinados gastos relacionados con sus actividades económicas.
Esto significa que el porcentaje restante no podrá deducirse fiscalmente, aun cuando se trate de gastos reales y necesarios para mantener la operación de los negocios.
Rosales Zárate señaló que la medida representa una afectación particular para las distribuidoras automotrices, debido a que operan con márgenes de utilidad reducidos. Explicó que estas empresas compran vehículos y refacciones a las armadoras para comercializarlos con un margen limitado, del cual deben cubrir gastos como renta, nómina, electricidad y otras obligaciones fiscales.
Detalló que la utilidad final antes de impuestos de las distribuidoras suele ubicarse entre 1 y 3 por ciento, por lo que la nueva disposición podría provocar que el ISR a pagar supere las ganancias obtenidas.
“Está afectando la viabilidad para que puedan continuar operando una parte significativa de las empresas distribuidoras en todo el país”, advirtió.
De acuerdo con las estimaciones iniciales de la AMDA, al menos 30 por ciento de las distribuidoras podrían enfrentar dificultades para continuar en funcionamiento, lo que representaría aproximadamente 70 mil empleos en riesgo.
EL IMPUESTO PODRÍA SUPERAR LAS GANANCIAS
Para explicar el impacto de la reforma, Rosales Zárate planteó el caso de una distribuidora que, después de cubrir todos sus gastos, obtiene una utilidad de apenas 1 por ciento.
Con el nuevo esquema fiscal, explicó, la empresa podría terminar destinando la totalidad de esa ganancia al pago del ISR, sin recursos disponibles para reinvertir, cubrir gastos futuros o repartir dividendos entre sus accionistas.
“Para todo lo que corresponde a reinversiones, provisionamientos de gastos futuros, dividendos a los accionistas, quedaría cero”, expuso.
Agregó que, si el margen de utilidad es inferior a 1 por ciento, la obligación fiscal podría incluso superar las ganancias generadas por la operación del negocio.
A juicio del dirigente empresarial, esta situación resulta desproporcionada para compañías cuyo margen reducido responde a su propio modelo comercial y no necesariamente a prácticas para evadir impuestos.
AMDA SOLICITA DECRETO PRESIDENCIAL
Ante este escenario, la asociación informó que mantiene conversaciones con el Gobierno federal y ha planteado la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum emita un decreto de facilitación fiscal, dirigido a las empresas que acrediten que sus bajos márgenes de utilidad obedecen a las características de su actividad económica.
Rosales Zárate indicó que la propuesta se encuentra en análisis y consideró que todavía existe margen para una corrección, pese a que el proceso legislativo de la reforma ya concluyó.
“Creemos que todavía existe un espacio de corrección a través de las facultades que tiene la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, de emitir un decreto de facilitación fiscal justo para estas empresas”, señaló.
El representante de la AMDA sostuvo que el sector requiere una respuesta con urgencia, pues, de no concretarse alguna medida para atenuar el impacto de la modificación fiscal, las consecuencias comenzarían a reflejarse en la operación de las distribuidoras durante 2027.
Finalmente, reiteró que la estimación inicial de la asociación contempla alrededor de 70 mil empleos en riesgo, por lo que insistió en la necesidad de encontrar una alternativa que permita mantener la actividad de las empresas sin afectar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
