Por Miguel Ángel Cristiani G
Hay decisiones de gobierno que no sólo exhiben una deficiente administración; también revelan una forma de entender el poder. Y cuando un ayuntamiento decide tratar a los medios de comunicación como si fueran contratistas de alto riesgo, en lugar de aliados indispensables para el ejercicio del derecho ciudadano a la información, el problema deja de ser administrativo para convertirse en político.
Resulta difícil encontrar una explicación lógica al hecho de que el Ayuntamiento de Veracruz presidido por la ex periodista Rosa María Hernández sea, hasta donde se conoce, el único de los 212 municipios del estado que exige el pago de una «fianza» para que un medio de comunicación pueda simplemente tramitar el cobro de una factura por concepto de publicidad oficial.
Siete mil pesos de garantía.
Como si el periodista o el pequeño medio estuvieran concursando por una obra pública de cientos de millones de pesos. Como si emitir una factura representara un riesgo financiero extraordinario para las arcas municipales. Como si la presunción de buena fe, principio elemental de toda relación entre autoridad y proveedor, hubiera sido sustituida por la sospecha permanente.
Lo más grave es que esta práctica no nació con la actual administración. Es un viejo mecanismo heredado de los gobiernos panistas que gobernaron el puerto durante años, diseñado precisamente para levantar barreras burocráticas que limitaran el acceso de muchos medios a la publicidad institucional. Una forma elegante de excluir sin prohibir; de censurar sin censurar; de seleccionar discrecionalmente quién podía sobrevivir y quién debía quedarse fuera.
La diferencia es que las herencias políticas no son una obligación moral. Quien llega al poder tiene la responsabilidad de corregir los abusos del pasado, no de perfeccionarlos. Gobernar implica revisar las prácticas recibidas, eliminar las que lesionan derechos y construir instituciones más justas. Repetir inercias autoritarias sólo demuestra falta de criterio propio o, peor aún, comodidad para ejercer el poder mediante mecanismos de control.
Por eso sorprende aún más que esta política permanezca vigente bajo una presidenta municipal de MORENA que conoce perfectamente el trabajo periodístico. Antes de ocupar un cargo público, también recorrió calles, cubrió conferencias, buscó entrevistas y entregó notas. Sabe, porque lo vivió, que la enorme mayoría de los medios locales no navega en la abundancia. Sobreviven literalmente día con día, enfrentando costos crecientes, una competencia desigual y un mercado publicitario cada vez más reducido.
Exigir una garantía económica a quienes apenas logran sostener una empresa informativa no es un acto de responsabilidad administrativa. Es una muestra de absoluta desconexión con la realidad. Más aún cuando, según denuncian periodistas del puerto, además de esa fianza deben dejar retenido el importe correspondiente a la primera factura pagada como otra especie de garantía adicional. Dos candados para cobrar un servicio ya prestado. Dos actos de desconfianza institucional hacia quienes cumplen con requisitos fiscales, entregan evidencias de publicación y acreditan plenamente su actividad.
La pregunta es inevitable: ¿de qué exactamente pretende protegerse el Ayuntamiento? Si existe un contrato, una orden de inserción, una factura legalmente emitida y un servicio comprobable, la garantía es el propio marco jurídico. Lo demás parece más un instrumento de intimidación administrativa que un mecanismo de control financiero.
No deja de ser paradójico que mientras desde el discurso oficial se proclama la cercanía con el pueblo, la transparencia y la transformación de las instituciones, en la práctica sobrevivan procedimientos que castigan precisamente a quienes ejercen una función esencial para cualquier democracia: informar. La publicidad oficial nunca debería utilizarse como premio para los dóciles ni como castigo para los críticos. Mucho menos convertirse en un laberinto burocrático diseñado para desalentar la participación de medios independientes.
El periodismo atraviesa una de sus etapas más complejas. La reducción de ingresos, la migración digital, la concentración publicitaria y la violencia contra comunicadores han colocado a cientos de empresas informativas al borde de la desaparición. En ese contexto, imponer cargas económicas injustificadas desde una autoridad municipal resulta no sólo insensible, sino profundamente contradictorio con cualquier discurso de fortalecimiento democrático.
La presidenta municipal aún está a tiempo de corregir. Bastaría revisar esa disposición, eliminar un requisito que no existe en prácticamente ningún otro municipio de Veracruz y enviar un mensaje claro de respeto a la libertad de información y al ejercicio periodístico. Persistir en esa política equivaldría a reconocer que el problema no era la herencia recibida, sino la voluntad de conservarla.
Cuando un gobierno exige una fianza para pagar una factura, no administra recursos: administra la desconfianza y convierte la libertad de informar en un privilegio sujeto al permiso del poder.
«En el ayuntamiento de Veracruz ya descubrieron la nueva definición de libertad de prensa: puedes informar lo que quieras… siempre y cuando primero dejes una fianza.»
